A medida que aumenta la clase social de un individuo, también crece, en promedio, la probabilidad de que una persona incurra en conductas inmorales cuando la situación o coyuntura específica le permiten obtener una ventaja en particular. La prominencia, en efecto, suele venir acompañada de un mayor control de recursos, de una exposición menor a fricciones cotidianas y asimismo de una capacidad superior para absorber los costos reputacionales, legales o económicos, que la corrupción implica.
Por Luis Cruz-Villalobos
Publicado el 13.2.2026
Así como la investigación longitudinal de Harvard más extensa de la historia —la Harvard Study of Adult Development (1938 – 2026)— ha insistido durante décadas en que la felicidad y el bienestar humano sostenido dependen sobre todo de la calidad de los vínculos interpersonales y no del nivel socioeconómico en sí; la investigación de Paul K. Piff y colaboradores del año 2012 nos mostró con qué sí podemos vincular el poder del dinero: con una mayor probabilidad de conductas no éticas cuando el estatus social aumenta y aparecen oportunidades de ventaja personal, reglas negociables y mayor permisividad ante la transgresión.
El estudio publicado en 2012 en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) se volvió un punto de referencia porque sugiere que el dinero efectivamente puede reconfigurar el modo en que una persona se relaciona con las normas.
Sus conclusiones no se apoyan en una sola prueba, sino en un significativo conjunto de siete estudios que combinan investigación de campo y laboratorio: por un lado, observaron conductas cotidianas en contextos donde la cooperación se expresa en gestos simples —como respetar turnos o ceder el paso en la conducción, usando señales visibles de estatus—; por otro, diseñaron tareas experimentales donde la ética se volvía medible en decisiones concretas: oportunidades de hacer trampa para obtener ventajas, mentir en una negociación cuando el engaño mejoraba el resultado propio, apropiarse de recursos destinados a otros o evaluar como más aceptables prácticas laborales cuestionables.
Al reunir estos escenarios, el patrón central fue consistente dentro de su conjunto de datos: un estatus socioeconómico más alto se asoció, en promedio, con mayor probabilidad de conductas no éticas y con una actitud más permisiva hacia ellas; además, se exploró un posible puente psicológico —una mayor validación de la codicia como aceptable— que ayudaría a explicar parte de la relación.
Después de la investigación de Piff, este campo de estudio que buscaba relaciones entre estatus económico y ética, se volvió más exigente, con réplicas y debates metodológicos que matizan el alcance del efecto.
Sin embargo, estas conclusiones siguen funcionando como un mapa útil, no para condenas apresuradas, sino para comprender cómo el privilegio económico puede abrir zonas de excepción moral cuando faltan frenos internos, controles externos y el fomento de culturas de responsabilidad y bien común.
A continuación, nos detendremos en las principales conclusiones de los siete estudios que componen la mencionada investigación, la cual fue titulada: Una clase social más alta predice un mayor comportamiento poco ético.
En el conjunto de estudios reunidos por Piff y sus colaboradores (2012) aparece un patrón que, leído con calma, resulta muy inquietante, aunque no tan sorprendente. A medida que aumenta la clase social, también aumenta, en promedio, la probabilidad de incurrir en conductas no éticas cuando la situación permite obtener una ventaja personal.
Con todo, el hallazgo se vuelve relevante precisamente porque nos entrega una regularidad estadísticamente significativa que se vuelve visible cuando la ética se observa en actos concretos. El estatus suele venir acompañado de mayor control de recursos, de una exposición menor a fricciones cotidianas y de una capacidad superior para absorber costos reputacionales, legales o económicos.
En ese contexto, la decisión moral tiende a cambiar: cuando las consecuencias se perciben lejanas, manejables o negociables, el freno ético anticipatorio pierde fuerza, sobre todo si el entorno transmite que ciertas reglas son, en la práctica, flexibles para «algunos».
El poder debilita la inhibición asociada al castigo
Para comprender por qué el estatus puede inclinar la balanza conviene recordar lo que la psicología del poder ha descrito como un desplazamiento motivacional. El poder tiende a favorecer la aproximación, la búsqueda de recompensa y la acción, mientras debilita la inhibición asociada a la amenaza o al castigo.
En palabras sencillas, el «puedo» gana terreno frente al «debo», y cuando el «puedo» se vuelve demasiado fácil, la conducta ética se degrada y corrompe o, por el contrario, necesita urgentemente sostenerse sobre normas internas prosociales y un entramado institucional que vuelva real la rendición de cuentas.
¿Por qué los conductores de automóviles de alta gama no suelen señalizar cuando adelantan? Esta es un tipo de pregunta que puede ser respondida gracias a los estudios de Piff.
Los datos de campo del artículo tienen una relevancia significativa, pues exploran las dinámicas vinculadas al respeto de reglas mínimas de cooperación social, como ceder el paso o respetar turnos.
Estas conductas son importantes por su valor diagnóstico, ya que revelan cómo alguien se comporta cuando la norma es clara y el beneficio de quebrarla es pequeño pero inmediato.
Con todo, en la vida moral, las microtransgresiones suelen funcionar como una especie de entrenamiento tácito de la excepción, porque acostumbran a la persona a ciertas cogniciones narcisista como: «mi tiempo vale más», «yo no debería esperar como los otros», «si puedo saltarme una norma, lo hago».
Ese aprendizaje repetido, termina moldeando un hábito. Incluso un tipo de carácter. Entonces el privilegio deja de ser solo una condición social y comienza a operar como una norma de convivencia idiosincrática asumida en beneficio propio.
Resulta importante acotar que existen replicaciones investigativas que no encuentran una relación positiva tan clara en algunos contextos, lo cual sugiere que el efecto puede depender del lugar, del método para inferir estatus o del tipo de norma observada.
Esa variabilidad no quita, sin embargo, el peso al hallazgo original, pero sí exige una formulación más precisa. La asociación aparece en varios diseños y resulta plausible, aunque no debe tratarse como un rasgo universal ni como una ley que se impone con independencia del contexto.
Siempre tienden a existir excepciones.
Privilegios sin rendición de cuentas
En la investigación, cuando el foco pasa del espacio público a las tareas experimentales, la ética se vuelve aún más legible, porque las situaciones son diseñadas para que la ventaja personal y el costo moral entren en tensión. En escenarios donde era posible hacer trampa para aumentar la probabilidad de obtener un premio o mejorar un resultado, el estatus alto mostró una tendencia mayor a aprovechar oportunidades de ventaja.
Por su parte, el estudio de la trampa, como una conducta particularmente peligrosa en términos morales porque puede vestirse con el traje de la estrategia, del pragmatismo o de la supuesta normalidad propia del mercado.
También puede presentarse como un ajuste menor, como algo que «todos harían» si tuvieran la oportunidad. En ambientes competitivos esta deriva se intensifica, sobre todo cuando los sistemas premian resultados sin preguntar demasiado por los medios y cuando el acceso a asesoría legal, reputacional y financiera vuelve más viable ocultar, desplazar o negociar consecuencias.
La frontera ética deja de sentirse como frontera y se transforma en un borde sumamente laxo.
En continuidad con lo anterior, la investigación pone en primer plano una disposición especialmente corrosiva, la de tomar recursos o ventajas a costa de otros, que en el habla cotidiana podría llamarse moral del privilegio. Se trata de un modo de percibir el mundo en que lo común se experimenta como disponible, los límites ajenos parecen negociables y las reglas se viven como un estorbo más que como un pacto que sostiene la convivencia.
Casi nunca empieza con un gran escándalo; suele nacer en gestos pequeños que van educando la consciencia en una lógica de excepción, hasta que esa excepción se vuelve costumbre. Cuando el estatus se vuelve una especie de salvoconducto, la apropiación deja de sentirse como abuso y pasa a sentirse como «uso legítimo» de lo que, en realidad, pertenece a otros o al conjunto.
La historia romana ofrece un ejemplo casi pedagógico de este mecanismo. En la Roma tardorrepublicana, el gobierno provincial abría una zona de riesgo estructural: enormes distancias, supervisión irregular, redes locales de dependencia y una administración donde el prestigio del cargo podía transformarse en licencia para el saqueo.
Cayo Verres, como pretor y luego gobernador de Sicilia, quedó asociado a una forma de corrupción que no se limita a un acto aislado, sino que opera como sistema.
Las denuncias recogidas por Cicerón describen un patrón de extorsión a ciudades y particulares, el uso del aparato judicial para presionar pagos y favores, la apropiación de bienes —incluyendo obras de arte y patrimonio— y la conversión del poder público en instrumento de enriquecimiento privado.
En efecto, lo decisivo para el argumento, no es solo la magnitud del abuso, sino el modo en que pudo sostenerse: Verres no actuaba en soledad, sino en un entramado de complicidades, intermediarios y cálculos políticos donde muchos preferían mirar hacia otro lado mientras el flujo de beneficios continuaba.
Cicerón entendió que el corazón del problema era institucional y cultural a la vez. Su acusación no apuntaba únicamente a un individuo «malo», sino a una arquitectura en la que el gobernador podía capturar la economía local, manipular procedimientos, intimidar testigos y comprar apoyos en Roma.
La distancia política de la provincia, la debilidad de los controles y la posibilidad de influir en los tribunales convertían la impunidad en una expectativa realista.
Por eso el caso se volvió emblemático: muestra cómo, cuando se combinan asimetría de poder, falta de supervisión efectiva y redes de protección, la corrupción se organiza, se vuelve repetible y termina pareciendo normal.
En esa escena antigua se reconoce una verdad sociológica que atraviesa los siglos: cuando el poder se desacopla de la rendición de cuentas, el privilegio tiende a traducirse en apropiación ilícita y corrupción sistémica.
La distancia jerárquica o institucional amortigua la culpa
Otro punto sensible es el engaño estratégico, especialmente en negociaciones.
Cuando distorsionar información mejora el resultado propio, las posiciones altas pueden facilitar la mentira porque reducen la fricción social y emocional que normalmente actúa como freno: no hay que mirar de frente la decepción del otro, no se experimenta de inmediato su perjuicio, y la distancia jerárquica o institucional amortigua la culpa, la vergüenza y el temor a la desaprobación.
En ese contexto, la interacción deja de sentirse como un encuentro entre personas y se vuelve una transacción donde el otro aparece como «contraparte», «cliente», «recurso» o «parte interesada».
Cuanto más alto el estatus, más fácil resulta ver a los demás como funciones o cifras, y esa objetualización disminuye la sensibilidad a los costos humanos del engaño: decisiones tomadas con información manipulada pueden destruir ahorros familiares, precarizar empleos, arruinar proyectos vitales y erosionar la confianza social que sostiene mercados, instituciones y relaciones humanas.
Además, cuando el engaño se normaliza en los estratos altos, normalmente de liderazgo, se filtra hacia abajo como cultura, multiplicando los daños que, acumulados, terminan siendo masivos.
El estudio de Piff sobre clase social y prosocialidad, está en una línea muy compatible con todo esto y sintetiza una tendencia según la cual las clases más bajas tienden a una atención mayor al otro y a su bienestar, mientras las clases más altas se orientan con más fuerza al bienestar personal, en promedio.
Desde ahí, el fraude económico de élites puede explicarse con cierta claridad.
Casos como Enron muestran con crudeza cómo el prestigio puede funcionar como un blindaje moral y cómo una narrativa pública de genialidad empresarial puede sostener durante años un andamiaje de engaño contable hasta que la realidad queda en evidencia.
Durante la década de 1990, Enron fue celebrada como símbolo de innovación y llegó a ser presentada repetidamente como una de las compañías más admiradas en Estados Unidos, mientras por dentro se expandía una cultura obsesionada con el precio de la acción, el rendimiento inmediato y la competencia interna extrema.
En ese clima, se normalizó la manipulación de resultados mediante estructuras financieras opacas y entidades fuera de balance que escondían deudas y pérdidas, al tiempo que las cifras «buenas» alimentaban bonos, prestigio, cobertura mediática favorable y confianza de inversionistas.
Cuando el sistema comenzó a crujir, se reveló que el éxito exhibido dependía en parte de un montaje sostenido por decisiones ejecutivas, controles internos débiles y una red de validaciones externas que no frenó a tiempo el deterioro, incluyendo auditorías complacientes y análisis financieros que tardaron en poner límites.
El colapso terminó afectando a miles de trabajadores y jubilados que vieron evaporarse ahorros y fondos de pensión, y dejó una lección moral que supera el caso puntual: la estafa rara vez es solo un acto individual; necesita un ecosistema que la tolere, la recompense y, sobre todo, la interprete como «astucia» o como una práctica apenas discutible mientras produce resultados visibles.
Así, el artículo de Piff y colaboradores también subraya algo decisivo para comprender la persistencia social de estos fenómenos: no se trata únicamente de conductas aisladas, sino de una disposición a justificar o ver como aceptables prácticas éticamente cuestionables.
En este punto encaja con precisión la investigación sobre hipocresía moral. El poder puede asociarse con estándares más estrictos para juzgar a otros y más laxos para juzgarse a sí mismo, lo que permite condenar públicamente ciertas conductas mientras se practican en privado cuando conviene.
Con todo, esta doble contabilidad puede convertirse en un mecanismo estructural. Quien logra definir el lenguaje moral público puede conservar su reputación mientras privatiza beneficios y socializa costos.
Uno de los mecanismos psicológicos propuesto por Piff, que explicaría el vínculo entre estatus económico alto y comportamiento poco ético, es la actitud más favorable hacia la codicia.
Vale mencionar que la codicia aquí no equivale a querer prosperar ni a una ambición creativa. Se refiere más bien a una disposición a maximizar ilimitadamente el beneficio propio incluso cuando se violan normas o se daña a terceros, acompañada de racionalizaciones que vuelven aceptable esa maximización.
Estaríamos aquí hablando de una inclinación mayor por parte de las clases sociales altas hacia la conducta auto-beneficiosa cuando el sistema la permite, cuando el costo se percibe distante y cuando la propia persona ocupa el centro de toda decisión moral.
El capital y el prestigio facilitan la degradación de estándares éticos
Ante lo planteado hasta aquí, el caso Epstein permite ver, en su forma más oscura y extrema, cómo los patrones descritos por Piff et al. (2012) pueden escalar cuando el estatus y el capital dejan de ser solo «ventaja» y pasan a operar como infraestructura.
En la investigación, como hemos indicado, se realiza la constatación de que la clase social elevada se asocia, en promedio, con mayor disposición a cruzar normas cuando la oportunidad de beneficio es real y los costos se perciben distantes o administrables; además, se observa una mayor permisividad para justificar conductas cuestionables y un posible puente psicológico en actitudes más favorables hacia la codicia.
Con todo, en Epstein, esa dinámica aparece conectada con una degradación ética radical, porque el caso incluye acusaciones federales por conspiración y tráfico sexual de menores, con un esquema de reclutamiento y pagos descritos en la acusación presentada en 2019.
El vínculo con los descubrimientos de Piff y sus colegas se vuelve más nítido cuando se observa el papel del privilegio como amortiguador: el dinero puede reducir fricciones, multiplicar salidas, comprar tiempo y desplegar recursos legales y reputacionales capaces de fragmentar responsabilidades, retrasar consecuencias y facilitar la impunidad.
Allí donde el poder económico incrementa el «margen de riesgo», se vuelve más probable que incluso límites que no deberían ser transables se hagan completamente negociables.
La connotación mundial del caso se entiende, además, por la densidad de sus redes sociales: en registros y documentos judiciales han aparecido nombres de figuras públicas de alto perfil —incluidos exmandatarios y miembros de casas reales, entre otros—, siempre de estratos económicos de los más altos, lo que alimenta la percepción de que el capital y el prestigio facilitan la proximidad a círculos de influencia global y, al mismo tiempo, a degradación de estándares éticos.
El caso Epstein también deja ver el contrapeso posible —aunque frágil e insuficiente— cuando la presión pública organizada, el periodismo investigativo y la acción institucional persistente empujan hacia la transparencia: el Departamento de Justicia informó en enero de 2026 la publicación de millones de páginas en cumplimiento de una ley de transparencia, con revisiones y censuras orientadas a proteger a víctimas y, al parecer, también a muchos victimarios connotados, y no afectar investigaciones en curso.
Epstein, como persona y como caso ampliado, funciona como un espejo brutal de los hallazgos de Piff: el estatus de privilegio puede erosionar límites y cuando se combina con redes de influencia y de protección, el costo humano de esa erosión puede ser catastrófico.
A esta altura, es importante insistir que el éxito económico, tan masivamente vendido como la panacea y el elíxir de la felicidad, es una farsa.
El bienestar humano profundo camina por otras sendas. Investigaciones como las que aquí hemos revisado nos traen a la memoria las antiguas máximas del joven albañil de Nazaret: «Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a Mammon (la riqueza como ídolo)». Y: «Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos».
Hoy podemos decir, empíricamente que a medida que aumentan el estatus, la riqueza y el poder, crecen significativamente también las condiciones de mayor posibilidad para la transgresión de normas en desmedro del bien colectivo y para su justificación.
Por eso la ética no puede quedar reducida a virtudes privadas o a intenciones y abstracciones retóricas. Se necesitan instituciones que velen por el bienestar de las mayorías, normas aplicadas de manera consistente, una cultura que no promueva ni premie el cinismo, la avaricia y la acumulación insaciable y que no tenga como aspiración máxima llegar a un estatus económico y social que pone en riesgo la integridad ética y existencial personal y colectiva, tal como lo vemos hoy en día.
Cuando una sociedad permite que el poder económico tome el control y funcione como inmunidad moral sin límites, la corrupción, e incluso la perversión más voraz, dejan de ser una anomalía ocasional y empiezan a convertirse en un estilo de vida para un grupo pequeño de individuos y en una realidad devastadora para quienes pagan sus costos.
Referencias bibliográficas:
—Piff, P. K., Stancato, D. M., Côté, S., Mendoza-Denton, R., & Keltner, D. (2012). Higher social class predicts increased unethical behavior. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109 (11), 4086–4091.
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Luis Cruz-Villalobos es un escritor, editor, poeta y psicoterapeuta chileno.
Especialista y posgraduado en psicología clínica de la Universidad de Chile, y doctor en filosofía por la Vrije Universiteit Amsterdam (Países Bajos).
Creador de una amplia obra literaria, con más de 50 libros de poesía publicados, además de varios ensayos sobre afrontamiento postraumático, hermenéutica aplicada y estética, el director titular del Diario Cine y Literatura también fue académico de posgrado en la Universidad de Chile (en el programa de magíster en psicología clínica) y de pregrado en la Universidad de Talca (en la Facultad de Psicología).
El profesor Cruz-Villalobos también es el autor de la reciente versión hispanoamericana del protocolo SPIRIT para terapia espiritualmente integrada, y cuyo texto original es usado en el McLean Hospital de la ciudad de Belmont, en Massachusetts, Estados Unidos, y el cual es un establecimiento de tratamiento psiquiátrico asociado a la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard.
Luis Cruz-Villalobos
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