El proyecto político que conduce a Chile en 2026 no necesita tanques ni milicia partidaria: necesita decretos, zonas militares declaradas, retóricas de emergencia y una red transnacional de legitimación ideológica. En efecto, los rasgos de esta derecha renovada son el nacionalismo identitario, la reivindicación de la soberanía nacional con una crítica al multilateralismo, la defensa de valores conservadores en el ámbito de la «ley y el orden», y la caracterización de la inmigración como invasión que amenaza la integridad de un pueblo imaginado como puro.

Por Mauro Salazar Jaque

Publicado el 14.3.2026

Nota preliminar: la pregunta por el lugar del pensamiento

Que el pensamiento crítico (sin aún es nombrable) no pueda diferir una pregunta no significa que pueda responderla: significa que debe sostenerla sin resolverla, habitarla como condición de su propio ejercicio. La pregunta es esta: ¿qué tipo de formación política es la que gobierna? ¿Con qué conceptos nombrarla sin violentarla ni blanquearla?

La respuesta exige resistir dos tentaciones simétricas y complementarias. La primera es la inflación retórica: llamar «fascismo» (neo o micro) a todo lo que amenaza a la democracia liberal produce el efecto perverso de oscurecer el mecanismo real de la amenaza, porque lo identifica con signos del pasado que la nueva extrema derecha ha aprendido a no portar.

Con todo, la segunda tentación es el eufemismo tecnocrático: reducir el fenómeno a «gobiernos conservadores» o a «democracia fatigada» neutraliza con terminología de baja intensidad lo que tiene, en cambio, una intensidad política muy precisa.

La academia anglosajona. Tan diligente siempre en producir handbooks (género académico consensual-descriptiva y neutralidad analítica) sobre lo que aún no comprende, que responde a la ofensiva global de la derecha radical con la categoría «iliberalismo». Entre esas dos tentaciones, el pensamiento crítico debe encontrar su lugar: un lugar que no es cómodo, que no es neutral, que no existe antes de que la escritura lo produzca.

El historiador Steven Forti, en Extrema derecha 2.0 (Siglo XXI, 2021) y en Democracias en extinción (Akal, 2024), ofrece una de las matrices analíticas disponibles para este tipo de fenómenos: señala que formaciones como las de Trump, Milei, Bukele, Kast, Meloni y Abascal constituirían la mayor amenaza a la supervivencia de los sistemas democráticos liberales pluralistas.

La inclusión de Kast en esa cadena no es retórica sino clasificatoria, con todos los riesgos de migración conceptual que esa clasificación implica cuando se traslada desde sus contextos de producción originales hacia el caso chileno.

Como advirtiera Gayatri Chakravorty Spivak, movilizar los marcos del Norte para nombrar un fenómeno del Sur, y advertir sobre ese riesgo en el mismo movimiento, no resuelve la tensión: la desplaza. Este texto toma nota de esa observación.

Los conceptos de Forti, Runciman, Bermeo, O’Donnell y Finchelstein operan aquí como insumos de orientación, no como verdades de aplicación directa: iluminan con plena conciencia de que toda iluminación produce también su zona de sombra, y de que la pregunta por la especificidad chilena atraviesa estas páginas no como respuesta disponible, sino como exigencia que el pensamiento crítico no puede diferir.

El retorno como interrupción del presente

No hay retorno que no sea, al mismo tiempo, una interrupción: la fractura de un presente que se creía consolidado por la fuerza acumulada de sus propias instituciones.

Lo que se instala en La Moneda el 11 de marzo de 2026 no llega desde ningún afuera de la historia chilena, desde algún exterior incontaminado donde el autoritarismo habría esperado pacientemente su oportunidad: llega desde el interior de esa historia, desde la trama de sus continuidades no elaboradas, desde las cicatrices que la transición democrática gestionó como administración técnica del pasado en lugar de procesarlo como ruptura política.

El proyecto que asume el poder no inaugura: reactiva. No funda: restituye. Y esa restitución opera sobre un suelo que fue preparado para recibirla, no por conspiración, sino por el silencio estructural de una democracia que nunca se atrevió a nombrar como propias las condiciones de su propia fragilidad.

Toda categoría política que se vuelve insuficiente deja de ser simplemente un error de nombramiento: se convierte en un obstáculo que impide ver aquello que nombra.

La nueva extrema derecha: lo que el nombre nombra y lo que esconde

El concepto de «post-fascismo» (valga el sufijo) aplicado indiscriminadamente a las nuevas ultraderechas produce un efecto doble y paradójico: sobredimensiona la amenaza identificándola con imágenes del pasado, los uniformes, las milicias, los salones de actos grandilocuentes, que la nueva extrema derecha ha abandonado deliberadamente porque ha aprendido, en más de 70 años de reconfiguración ideológica, que esos signos son contraproducentes; y al mismo tiempo, la subestima, porque al no reconocerse en ellos, quien observa concluye que el peligro es menor de lo que realmente es.

Lo que vemos no es el fascismo que volvió: es algo diferente, y esa diferencia es precisamente lo que lo hace más peligroso, dado que su peligrosidad no porta los signos que hemos aprendido a reconocer como tales.

El proyecto político que gobierna Chile en 2026 no necesita tanques ni milicia partidaria: necesita decretos, zonas militares declaradas, retórica de emergencia y una red transnacional de legitimación ideológica.

Así, los rasgos de esta ultraderecha renovada son el nacionalismo identitario, la reivindicación de la soberanía nacional con una crítica al multilateralismo, la defensa de valores conservadores en el ámbito de la «ley y el orden», y la caracterización de la inmigración como invasión que amenaza la integridad de un pueblo imaginado como puro.

La trama de significaciones que organiza el universo discursivo del proyecto autoritario contemporáneo, la nación amenazada, el cuerpo intruso que la contamina, el orden que debe ser restaurado, el ejecutivo que actúa donde otros solo deliberan, no es un conjunto de mentiras impuestas sobre una realidad diferente.

Es una reconfiguración de la realidad misma: una reorganización de lo perceptible y lo nombrable que convierte en sentido común lo que antes era inaceptable, y en lujo ideológico lo que antes era sentido común, la solidaridad, el derecho de asilo, la protección social.

La forma del vaciamiento: demolición desde adentro

Lo que se instala en Chile no es una «dictadura civil» (por de pronto) que suprime las formas de la democracia: es un régimen que las conserva como carcasa mientras vacía metódicamente su contenido. Para nombrar ese tipo de régimen, Forti propone la categoría de «autocracia electoral», una herramienta analítica construida sobre casos europeos que, tomada como insumo orientador antes que como descripción acabada, permite rastrear ciertos patrones: el de un régimen que preserva las elecciones, los partidos de oposición y la prensa formalmente libre, mientras desplaza las relaciones de poder en favor del ejecutivo hasta que las instituciones de control ya no pueden cumplir su función. El modelo paradigmático es Hungría: un ejecutivo que llega al poder por las urnas, cambia la Constitución, reorganiza el poder judicial con personas propias y controla los medios de comunicación hasta que las elecciones siguen celebrándose pero ya no son justas. Esa progresión, de la victoria electoral al control del poder judicial, del monopolio mediático a la reforma constitucional que consolida las ventajas del partido gobernante, no es una secuencia inevitable, pero sí la dirección que este tipo de proyecto imprime cuando accede al poder.

Los primeros decretos del 11 de marzo no han llegado aún a ese punto: no reforman la Constitución ni capturan el poder judicial. Pero establecen la lógica de ese proceso. El Plan Escudo Fronterizo entrega al Ejército el liderazgo de una política civil; la declaración de Zona Militar en el norte fusiona las esferas civil y castrense sin decreto marcial explícito; la designación de un almirante retirado como comisionado civil de la Macrozona Norte inviste de autoridad política a un actor proveniente de la estructura militar; la auditoría integral centralizada en la presidencia convierte en instrumento de control ejecutivo un mecanismo que debería controlar al ejecutivo. La forma democrática persiste; el contenido se desplaza. La carcasa institucional se conserva; la capacidad de limitar el poder ejecutivo se vacía. David Runciman, en How Democracy Ends (2018), nombró este proceso como la forma característica de muerte democrática en el siglo XXI: no la supresión dramática sino la erosión metódica, no el tanque en la calle sino el decreto que reorganiza silenciosamente las relaciones de poder sin alterar el nombre de las instituciones que las enmarcan. Hay aquí una paradoja que merece ser nombrada: la demolición silenciosa, pieza por pieza, decreto por decreto, es más eficaz que el derrumbe espectacular precisamente porque se produce en el lenguaje de la legalidad.

La especificidad chilena: genealogía, desinhibición y continuidad orgánica

La especificidad del caso chileno en este mapa comparado reside en una variable que los modelos europeos de referencia no contemplan directamente: la continuidad genealógica con una dictadura militar cuyo legado institucional permanece operativo. En el caso chileno, el proyecto que gobierna es la continuación del proyecto dictatorial por medios electorales: no una ultraderecha nueva que incorpora elementos del pasado autoritario, sino ese mismo pasado que encontró, después de treinta y seis años de transición gestionada sin elaboración, la forma institucional para su retorno. El gobierno que asumió en 2026 es el primer gobierno democrático del pinochetismo: la concreción, por primera vez, de la aspiración largamente sostenida por los fundadores de la Unión Demócrata Independiente, el partido creado por Jaime Guzmán junto a Miguel Kast y otros cuadros centrales del catolicismo autoritario de la dictadura. La continuidad no es metafórica: es estructural, institucional, programática.

Lo que Forti llama «desinhibición», categoría construida sobre casos europeos que aquí se usa como instrumento provisional, no como diagnóstico definitivo, designa la capacidad de la nueva ultraderecha de exhibir sin vergüenza sus vínculos con el autoritarismo pasado, y adquiere en Chile una densidad que va más allá de lo discursivo: no es solo desinhibición de la palabra sino continuidad orgánica de la red. El dato de que un presidente elegido en 2025 con el 58% de los votos haya declarado públicamente que Pinochet lo votaría no es un desliz biográfico ni un exceso retórico: es la señal de que el eje de articulación política que había ordenado las preferencias electorales chilenas desde 1990, la distancia frente a la dictadura como posición mínima de legitimidad democrática, ha perdido su fuerza de ordenamiento. Esa pérdida no es accidental: es el resultado de décadas en que ese eje fue instrumentalizado defensivamente por fuerzas que, al mismo tiempo, administraban sin transformar las estructuras que la dictadura había instalado. La transición gestionó el pasado sin elaborarlo; y esa gestión sin elaboración produjo, con el tiempo, un agotamiento simbólico del antifascismo como práctica política viva, su reducción progresiva a memoria archivada, a conmemoración ritual, a identidad sin programa.

Operaciones del modelo de gobierno

El modelo de gobierno que los primeros días del nuevo mandato han comenzado a configurar puede leerse como la superposición de tres operaciones que la nueva ultraderecha despliega cuando accede al poder. El gobierno que accedió con el 58,16% en segunda vuelta, legitimidad formal de poliarquía que nadie disputa, activa, en la forma en que concibe y ejerce ese poder, el circuito que la teoría denominó democracia delegativa: el presidente no como representante sujeto a controles, sino como encarnación de la nación que delega en él su voluntad soberana y que, al delegar, renuncia provisionalmente a fiscalizarlo. El Congreso, donde el Partido Republicano tiene minoría de 31 diputados sobre 155, es tratado como obstáculo; la Contraloría y el Tribunal Constitucional, como instituciones a «reorganizar», eufemismo que en la práctica nombra la reducción de su capacidad supervisora.

La primera operación es la de la emergencia: la autoproclamación de un «gobierno de emergencia» que suspende funcionalmente los procedimientos ordinarios de deliberación bajo la cobertura de una urgencia que el ejecutivo define soberanamente. Al declarar la situación como emergencia, el ejecutivo se autoatribuye poderes extraordinarios sin necesidad de que nadie se los conceda formalmente, mientras rinde tributo de labios a la democracia: no la suprime, dice que la protege; no la destruye, dice que la restaura. La «emergencia» no es aquí una categoría jurídica: es una categoría retórica que convierte la excepción en regla antes de que nadie haya tenido tiempo de cuestionarla.

La segunda operación es la del enemigo: la construcción discursiva del migrante como amenaza existencial a la nación. El «enemigo» migrante y la «Araucanía» pinochetista se articulan en un mismo movimiento discursivo: el que presenta el «gobierno de emergencia» como restauración del orden que el pasado idealizado supo garantizar y que la apertura izquierdista habría destruido. El muro en la frontera norte, las zanjas, las retroexcavadoras militares, el presidente que declara solemnemente que «para Chile entero este es un hito», no es solo infraestructura de control: es un dispositivo que materializa el discurso del enemigo, convierte la xenofobia en arquitectura de Estado y produce, para el consumo mediático de su electorado, la imagen de un poder que actúa, que decide, que cumple. El muro no resuelve nada en términos de seguridad: resuelve todo en términos de imaginario político.

La tercera operación es la de la red transnacional: la articulación del proyecto chileno con la cadena global de la nueva ultraderecha. La presencia de Javier Milei en la ceremonia de investidura del 11 de marzo no es un dato protocolar: es la manifestación de esa red, la certificación de que el proyecto que asume en Chile pertenece a la misma familia política global que Trump, Orbán y Meloni. Una familia que, siendo la más ultranacionalista de todas las fuerzas políticas contemporáneas, es también la más organizada internacionalmente. Esa paradoja no es una contradicción: es la forma coherente de un internacionalismo reaccionario que coordina sus estrategias de desmantelamiento democrático a escala planetaria mientras proclama, en cada país, la soberanía nacional amenazada.

¿Dictadura civil? El umbral y la infraestructura del cruce posible

Lo que el gobierno Kast inaugura en Chile no es necesariamente una «dictadura civil» (de momento representa un riesgo, aunque es una deriva en desarrollo) en el sentido clásico del término. Ello supondría la supresión formal de los procedimientos democráticos, el monopolio del terror estatal, la eliminación de la oposición: es el proceso que, si las fuerzas de contención no logran articularse con eficacia, se aproxima, con la precaución que toda migración conceptual exige, a lo que Forti denomina autocracia electoral: una categoría que, con sus propios límites de aplicabilidad, permite orientar la lectura de un régimen que combina la apariencia de la democracia con el vaciamiento sistemático de sus garantías sustantivas. «Una democracia de fachada, con valores iliberales, sin pluralismo informativo y sin separación de poderes como resultado final». La honestidad intelectual obliga a calibrar esa respuesta: la literatura de punta no habilita, en este momento, la calificación de «dictadura civil» (pese a las precisiones a favor y en contra (Runciman, 2018) en su sentido pleno. Lo que sí habilita, con rigor documental y con evidencia empírica, es la designación de proceso de construcción de una dictadura civil: un conjunto de acciones, decretos y declaraciones que exhiben la lógica y la dirección del autoritarismo sin haber completado aún su despliegue institucional. El umbral que separa la democracia vaciada de la dictadura civil consolidada no ha sido cruzado; pero la velocidad y la sistematicidad de las primeras acciones configuran la infraestructura de ese cruce posible.

Runciman (2018) identificó la forma en que ese cruce ocurre en el siglo XXI: no a través de la ruptura dramática sino a través del engrandecimiento progresivo del ejecutivo, cuando los gobernantes electos erosionan la democracia mientras le rinden tributo de labios. En el caso chileno, ese tributo adopta una forma específicamente local: el lenguaje de la «emergencia», con resonancias que van del estado de sitio de 1973 a los estados de excepción en la Macrozona Sur. Lo que hace al caso chileno singular no es solo que ese proceso esté en marcha: es que el suelo sobre el que opera fue preparado para recibirlo. El golpe silencioso no necesita generales ni tanques: necesita decretos legales, retórica de emergencia y una democracia que ya tenía incorporado, desde 1980, el mecanismo de su propio vaciamiento. El poder que ahora se expande no opera sobre una democracia sólida que luego corroe: opera sobre una democracia que ya traía inscrita, desde la Constitución pinochetista, la gramática de su propia erosión. Hay algo más que el análisis no puede resolver desde adentro de sí mismo: la pregunta por el Estado. Toda categoría construida sobre casos europeos supone instituciones que primero se consolidaron y después se erosionaron. El Estado chileno nunca alcanzó esa densidad. Lo que este gobierno aprovecha no es una fragilidad que él produce: es una fragilidad que heredó, que la transición preservó y que la Constitución pinochetista diseñó. Llamar a ese proceso «autocracia electoral» puede iluminar su dirección, pero oscurece su especificidad: que aquí no hay edificio que demoler, sino uno que nunca terminó de construirse, y que militariza precisamente porque no tiene otra forma de estar.

La batalla cultural y la tarea del pensamiento crítico

El diagnóstico más perturbador que este análisis produce no concierne al proyecto que gobierna, cuya lógica es, a estas alturas, suficientemente legible, sino a la batalla cultural que ese proyecto presupone ganada. La nueva ultraderecha habría conseguido que sus ideas, antes inaceptables, se hayan convertido en sentido común: un desplazamiento que parece haber sido aceptado por muchas élites y sub-élites que votan explícitamente por ella. En Chile, ese trabajo de décadas tiene un nombre preciso: se llama la pedagogía neoliberal que la dictadura instaló, la transición que administró (en contextos adversos) el pasado sin elaborarlo como ruptura, la larga operación de descolectivización que convirtió el miedo en evidencia y la solidaridad en sospecha. Sobre ese suelo cultural ya transformado, el proyecto de la nueva ultraderecha no necesita convencer a nadie de nada especialmente nuevo: le basta con activar lo que ya está inscrito en la subjetividad de quienes experimentan sus problemas como amenazas individuales antes que como injusticias estructurales, y que leen la «emergencia migratoria» antes que la precariedad sistémica, el «desorden» antes que la desigualdad.

La tarea del pensamiento crítico en este escenario no es únicamente la del diagnóstico, aunque el diagnóstico riguroso sea su condición ineludible, sino la de la producción de lenguaje: intervenir en el campo del sentido común, disputar las tramas de significación que el proyecto autoritario ha naturalizado, producir los instrumentos conceptuales que permitan nombrar lo que ocurre con la precisión suficiente para que esa nominación sea también, en algún sentido difícil pero real, una forma de resistencia. Nombrar la autocracia electoral en construcción como lo que es, no como «gobierno conservador» ni como «democracia en crisis» sino como proceso de vaciamiento sistemático de la democracia por medios formalmente electorales, es el primer acto de una política intelectual que todavía tiene algo que decir en la densa oscuridad de este presente.

El laboratorio de la autocracia electoral está en marcha. El vector está definido. Lo que aún no está determinado es la capacidad de los actores democráticos, parlamentarios, organizaciones sociales, académicos, intelectuales críticos, de articular una resistencia a la altura del desafío que los hechos les están imponiendo. Ese es, hoy por hoy, el único dato que la historia todavía no ha fijado. Toda comprensión política que no conoce la historia de los debates en que se inscribe condena sus conceptos a operar como si hubieran nacido esa mañana: sin peso, sin resistencia, sin la memoria de sus propias derrotas. No se trata de la fatigada díada autoritarismo/democracia, que la transición administró hasta volverla reflejo antes que pensamiento. Se trata de algo más exigente y más preciso: conocer los precipicios que los conceptos abren cuando se los usa sin saber lo que cargan, para que nombrar la Dictadura Civil en construcción no sea un gesto retórico sino el acto de quien sabe exactamente en qué borde está parado». todo, el potencial micro-fascismo (neo o capilar o tardío) moviliza el sedimento utópico (bio- securitario) de las demandas frustradas: el deseo de comunidad, de identidad, de protección, de significación que el neoliberalismo destruyó y que el fascismo promete restaurar bajo la forma degradada del orden nacional-cristiano. de modo que quien analiza la noche fascista sin conocer la historia de las necesidades que esa noche explota no analiza nada sino que reproduce, desde el lado de la denuncia, la misma ignorancia que denuncia.

Hay aquí un riesgo que el pensamiento crítico no puede diferir sin pagarlo caro: el de quedar capturado en el gesto de dibujar exhaustivamente esa noche de lobos, de producir un diagnóstico tan completo de la amenaza que el pavor se instale cómodamente en la denuncia y haga de la denuncia su único horizonte, huyendo de todo progresismo como si el progresismo fuera el nombre del problema y no el nombre de la condición que el fascismo aprovecha cuando aquel fracasa o se vuelve irreconocible para sí mismo; pues nombrar la Dictadura Civil en construcción sin saber lo que se carga al nombrarla es reproducir, en el nivel del concepto, la operación que se pretende impugnar: la sustitución del análisis por la imagen, del argumento por el signo de reconocimiento, de la historia por el espectro que la historia no ha terminado de producir».

Referencias bibliográficas

—Bermeo, Nancy (2016). «On Democratic Backsliding». Journal of Democracy, 27(1), 5-19.

—Finchelstein, Federico (2024). The Wannabe Fascists. University of California Press.

—Forti, Steven (2021). Extrema derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla. Madrid: Siglo XXI Editores.

—Forti, Steven (2024). Democracias en extinción. El espectro de las autocracias electorales. Madrid: Akal.

—Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel (2018). Cómo mueren las democracias. Barcelona: Ariel.

—Nohales, Karina y Abufom, Pablo (2025). «Chile: la vía democrática al pinochetismo de Kast». CADTM/Sin Permiso.

—O’Donnell, Guillermo (1993). «On the State, Democratization and Some Conceptual Problems». World Development, 21(8), 1355-1369.

—O’Donnell, Guillermo (2004). «Why the Rule of Law Matters». Journal of Democracy, 15 (4), 32-46.

—Runciman, David (2018). How Democracy Ends. London: Profile Books.

—Spivak, Gayatri Chakravorty (1988). «Can the Subaltern Speak?». En Cary Nelson y Lawrence Grossberg (eds.),

—Marxism and the Interpretation of Culture. Urbana: University of Illinois Press, 271-313.

—Spivak, Gayatri Chakravorty (1999). A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present. Cambridge: Harvard University Press.

***

Mauro Salazar Jaque es sociólogo (2002) y doctor en comunicación por la Universidad de La Frontera (Chile) y la Universidad La Sapienza de Roma, Italia (Dual PhD, 2024).

Mauro Salazar Jaque

Imagen destacada: Presidente José Antonio Kast Rist.