La transición chilena no solo produjo una institucionalidad, generó una gramática, en la cual opera por eufemismo y desplazamiento: donde hubo tortura, pone «violación de derechos humanos», y cuando hubo exterminio de clase, coloca «excesos».

Por Mauro Salazar Jaque

Publicado el 7.3.2026

«El fascismo no reprime la sexualidad: la organiza. La vuelve uniforme, procreadora, doméstica, asustada de sí misma. Lo que llama moral es el nombre que da a su propio deseo cuando no se atreve a mirarlo. La libido existe; simplemente no se nombra en primera persona».
Mauro Salazar Jaque

Los hechos que obligan a nombrar

Bastará nombrar algunos nombres para que el argumento se sostenga solo: Barthes, Deleuze, Foucault, Pasolini, Balibar, Esposito. Nombres que en cualquier latitud con tradición intelectual funcionan como umbrales, como instrucciones de uso, como señales de que quien los invoca sabe de qué habla.

En Chile funcionan como decoración. No porque sean ajenos, son perfectamente citables, perfectamente descargables, perfectamente glosables en un pie de página, sino porque el gesto de citarlos ocurre en un campo que hace tiempo decidió que pensar es una actividad de riesgo menor y que la prudencia es una forma de la profundidad.

Hay quienes han vuelto al problema del fascismo con rigor renovado —Toscano, Esposito, Malabou, que llama tecnofascismo a lo que otros prefieren no llamar de ningún modo—, y hay una tradición latinoamericana que lo pensó antes y mejor, tradición que solemos olvidar con la eficiencia de quienes nunca la tuvieron.

En su lugar pusimos «post-autoritarismo»: palabra más tibia y sumisa, más hospitalaria, más cómoda para todos, especialmente para los que mandan.

Antes de que el argumento examine sus propias condiciones de posibilidad, gesto que la filosofía practica con entusiasmo inversamente proporcional a su urgencia, los hechos reclaman su lugar.

En 2018, la captura de Acción Republicana (movimiento) por una candidatura que instaló la mentira sistemática como epistemología de Estado inauguró algo que el concepto de «populismo» no alcanzaba a nombrar sin ceder en precisión lo que ganaba en comodidad.

Dos años después, la elección de Duterte normalizó el escuadrón de la muerte como política pública: 30 mil muertos sin proceso judicial, administrados con la ecuanimidad de quien ejecuta un programa y no, como podría pensarse, de quien lo improvisa. La distinción entre ambas cosas resultó difícil de sostener.

En marzo de 2026, Chile. El 11 de ese mes, desde el balcón de La Moneda, el nuevo presidente explicó que: «un gobierno de emergencia no es un eslogan. Es orden donde hay caos. Es alivio donde hay dolor. Es mano firme donde hay impunidad».

Cioran escribió que «podemos imaginarlo todo, predecirlo todo, salvo hasta dónde podemos hundirnos»: la frase describe bien ese procedimiento retórico que produce claridad sin análisis, que acumula pares opuestos para que el oyente concluya que quien los enuncia ya resolvió lo que apenas nombra.

El mismo discurso identificó a los verdaderos adversarios de Chile: no los que piensan distinto, aclaró con generosidad notable, sino quienes han ingresado vulnerando las fronteras. Hay democracias que persiguen a quienes piensan distinto; esta, en cambio, solo perseguirá a quienes no tienen papeles. La aclaración tranquiliza.

Con todo, el primer día se firmó el «Plan Escudo Fronterizo»: zanjas, barreras físicas, drones, cámaras térmicas y biometría para la macrozona norte, con el Ejército a cargo del control territorial, presentado como pleno respeto al marco legal vigente.

Se instruyó una Auditoría Total de todos los ministerios, práctica que ningún gobierno entrante ha omitido y que ninguno ha necesitado completar para saber lo que buscaba. Se desbloquearon permisos ambientales para proyectos por US$ 16 mil millones, aplaudidos con entusiasmo por quienes se beneficiaban de ellos.

Que la historia sea, como dijo quién mejor pensó la catástrofe como forma del tiempo, «una sucesión de catástrofes aguardando una catástrofe final», resulta tolerable; lo que la hace intolerable es que en el intervalo los estadistas insistan en llamarla recuperación. El orden, el alivio y la mano firme comenzaron, como era esperable, por las empresas.

El léxico de la era Trump no llegó a Chile como influencia: llegó como franquicia. Seguridad, orden, muro, migración, migrante, deportación: palabras ya probadas en su capacidad de producir miedo sin requerir argumento, de identificar enemigos sin necesidad de demostrar que lo son.

Así, el «gobierno de emergencia» no inventó sus términos; los recibió, los tradujo y los aplicó con la diligencia de una sucursal que quiere demostrar que entendió el memorándum. El muro se volvió Plan Escudo; la deportación se volvió «regularización de flujos migratorios»; el migrante se volvió «adversario real».

Las palabras cambiaron; la gramática es idéntica. Lo que llega del norte no es un modelo: es un vocabulario ya rodado, ya eficaz, que Chile recibe con la misma puntualidad con que siempre ha sabido ser vanguardia de lo que otros harán después.

Si todo gobierno es, en el fondo, un gobierno de emergencia —si la democracia realmente existente no ha sido otra cosa que la administración de urgencias que nunca terminan de resolverse—, entonces lo que el nuevo mandato ha hecho no es instaurar una excepción sino declarar lo que siempre estuvo ahí, esperando su nombre.

La novedad no es la emergencia: es la honestidad. Por primera vez en décadas, un gobierno chileno dice en voz alta lo que los anteriores administraban en silencio. Habría que agradecerle esa franqueza, si no fuera porque lo que declara no es un diagnóstico sino un programa.

En efecto, la alianza Musk – Milei – Orbán – Meloni – Kast configura una constelación que ya no puede leerse como suma de accidentes nacionales: es una forma política con su propio internacionalismo, su vocabulario compartido de emergencia, frontera y enemigo interior.

Cada miembro señala a los demás como prueba de que el fenómeno es global y por tanto inevitable, argumento que tiene la ventaja de hacer exactamente lo que dice: volver inevitable lo que describe. Frente a esa constelación, la pregunta no es si el nombre «fascismo» alcanza o excede: es si el análisis está a la altura de lo que señala.

Lo que el aparato logra: Las cinco aporías

Antes de someter ese aparato a examen, hay que reconocer lo que sus detractores no logran: nombra. En tiempos en que el eufemismo domina —»populismo» para no decir fascismo, «post-verdad» para no decir mentira organizada, «gobierno de emergencia» para no decir estado de excepción que prefiere no llamarse así— hay una necesidad política de llamar a las cosas por su nombre más incómodo.

El pensamiento crítico que ha recurrido al concepto no lo ha hecho desde la ingenuidad: hay una herencia de análisis sobre cómo el fascismo se naturaliza en el lenguaje corriente, sobre el deseo que invierte su propia liberación, sobre la homogeneización consumista como fascismo sin uniforme, más eficaz que el histórico precisamente porque no necesita la violencia visible sino la seducción invisible.

Hay además una herencia latinoamericana de debates sobre fascismo y dominación de clase que los años 70 produjeron con una radicalidad que la ciencia política posterior domesticó con paciencia. Desplazarla por la categoría más tibia del autoritarismo no fue un gesto de precisión: fue de negociación presentado como precisión, que es la forma más eficaz de negociación.

La pregunta que el argumento debe enfrentar: ¿es la crítica del concepto omnívoro una defensa del rigor, o también una forma de volver aceptable lo que una tradición más exigente se había negado a suavizar? Las aporías que siguen no responden en nombre de la mesura; las formulan desde adentro del mismo esfuerzo por nombrar.

Así, la primera aporía reside en la paradoja de la ubicuidad. Si el fascismo (capilar o en incubación) es simultáneamente un régimen de exterminio, un dispositivo cotidiano, una racionalidad neoliberal y una condición permanente de la modernidad capitalista, su poder explicativo tiende a cero.

Todo confirma la tesis: el dictador que tortura es fascismo, la democracia que lo reemplaza sin cambiar la constitución también, la firma de un socialista sobre un texto heredado es síntoma del fascismo introyectado.

Una categoría que absorbe sin contradicción tanto al verdugo como al reformista insuficiente ha dejado de ser instrumento de análisis para convertirse en retórica de sospecha generalizada: la misma lógica del fascismo que pretende criticar.

La segunda aporía es genealógica. El aparato descansa sobre la articulación del dispositivo foucaultiano con la biopolítica agambeniana del estado de excepción, ensamblaje que produce una estructura del fascismo válida desde el derecho romano hasta el fondo de pensiones contemporáneo, portento que ninguno de sus dos pilares autorizaba y que ambos habrían contemplado con la incomodidad de quien ve su nombre firmando algo que no reconoce.

En efecto, la genealogía se convierte, paradójicamente, en esencialismo disfrazado de historicidad: el gesto exacto que pretendía impugnar.

La tercera aporía es la más grave: la indistinción entre fascismo histórico y fascismo difuso disuelve la especificidad del genocidio. Cuando la categoría que nombra los campos de exterminio se convierte en la misma que describe la financierización de la vida cotidiana, algo se pierde.

Si todo es fascismo, el nazismo no es más fascismo que la Concertación chilena, distinción que podría parecer excesiva hasta que se recuerda que la Concertación no produjo campos de exterminio, detalle que en el análisis omnívoro pasa a ser eso: un detalle.

La cuarta aporía concierne al sujeto político. Si el fascismo capturó a la derecha y a la izquierda, ¿quién podría oponérsele? La revuelta, parece ser la respuesta, figura que tiene la ventaja de no requerir organización ni programa y la desventaja de no producirlos.

El argumento incurre en circularidad: el fascismo es lo que captura la vida, la resistencia es la vida que se sustrae, la revuelta es el antifascismo porque el fascismo es lo que la revuelta impugna. El voto «rechazo» de 2022 expresaba también demandas de cambio social, pero el marco no distingue dentro de ese voto entre fascismo y potencia frustrada, convirtiendo a la mayoría en cómplice involuntaria de lo que rechazaba.

La quinta aporía es epistemológica. El análisis opera a través de figuras —la cama como dispositivo oligárquico, el fondo de pensiones como pinochetismo desmaterializado— de eficacia retórica indudable y consistencia empírica incierta: virtud literaria que en el ensayo político suele presentarse como analítica, sin que nadie pause a señalar la diferencia.

Que el neoliberalismo haya requerido en sus orígenes latinoamericanos de una dictadura fascista no prueba que sea fascismo; prueba que no tiene escrúpulos en materia de alianzas, tesis más modesta pero más demostrable.

«Relación» no es «identidad estructural», y de esa distinción depende la capacidad de distinguir entre regímenes que el concepto omnívoro, en su generosidad, termina igualando.

El doble riesgo: inflación categorial y escasez del nombre

Las aporías anteriores no autorizan el movimiento inverso. Hay un riesgo simétrico al de la inflación categorial: el que acecha a todo discurso que, en su voluntad de ser audible dentro del orden, termina hablando la lengua mesurada del clivaje transicional, esa lengua que aprendió a nombrar la violencia con palabras que la vuelven administrable, con la ventaja de nunca tener que preguntarse si reproduce el problema que describe.

Con todo, la transición chilena no solo produjo una institucionalidad; produjo una gramática. Opera por eufemismo y desplazamiento: donde hubo tortura, pone «violación de derechos humanos»; donde hubo exterminio de clase, pone «excesos».

El nuevo gobierno la perfeccionó: donde hay zanjas militares en la frontera, pone Plan Escudo; donde hay reducción del impuesto a las grandes empresas el primer día, pone «reactivación económica centrada en las personas», formulación que tiene el mérito de ser gramaticalmente correcta.

Cuando el mandatario declaró que «nos han entregado un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar», la gramática alcanzó su cima. El pensador que mejor diagnosticó la función del exceso en la administración del sufrimiento escribió que: «sin poseer la facultad de exagerar nuestros males, nos sería imposible soportarlos: atribuyéndoles proporciones inusitadas, nos consideramos condenados escogidos, elegidos al revés».

El gobierno que llega siempre hereda un desastre; el que se va siempre lo dejó. Que ambos enunciados sean verdaderos para todos los gobiernos de todos los países de toda la historia no ha disminuido nunca su eficacia, lo que es en sí mismo una observación sobre la política.

La crítica al concepto no puede, sin traicionarse, convertirse en argumento para el silencio. El eufemismo académico y el gubernamental producen, desde trincheras distintas, el mismo efecto: un campo en que las cosas existen pero carecen de nombre preciso, condición ideal para administrarlas sin tener que defenderlas.

La tentación chilena: el realismo acomodaticio

Hay una tentación específicamente chilena que no viene del exceso sino de la escasez: no la de nombrar demasiado, sino la de nombrar de menos, de administrar el lenguaje con tal prudencia que el análisis termina pareciéndose a la descripción que el orden dominante hace de sí mismo.

La diferencia es que el orden dominante al menos no finge que esa descripción es crítica. Es la tentación del realismo acomodaticio, del pensamiento que ha aprendido que la radicalidad se paga con la pérdida de interlocutores y que la mesura es el precio de admisión a los espacios donde se deciden las cosas, espacios que deciden principalmente que la mesura siga siendo el precio de admisión.

Esa tentación tiene una institución propia: la «razón transitológica», que organizó el pensamiento político desde los años 80 bajo la premisa de que había que recuperar primero la democracia representativa y dejar para un horizonte indefinido cualquier discusión que amenazara el frágil pacto de los actores. Horizonte que, como todo horizonte, retrocede a la misma velocidad con que uno avanza hacia él.

La gran tesis sobre las sociedades burocrático-autoritarias fue retraducida al lenguaje neutro del autoritarismo, despojada de su filo, incorporada a una ciencia política que distinguía entre «dictaduras y dictablandas» con la ecuanimidad de quien ha encontrado en la nomenclatura la coartada perfecta para no pronunciarse sobre lo que la nomenclatura nombra.

Había razones históricas para la cautela, razones que el cuerpo de los torturados volvía incontrovertibles. El problema es que esa gramática sobrevivió mucho más allá de su contexto.

El precio puede medirse ahora: un gobierno que declaró el primer día «implacabilidad» con quienes «roben el dinero de los chilenos» —formulación de una amplitud aplicable a cualquier adversario que el gobierno designe— e identificó como adversarios reales no a los que piensan distinto, sino a los que ingresan sin papeles, distinción generosa que ya consignamos.

Cioran, que resumió toda su filosofía en una sola palabra —»engaño»—, habría reconocido en esa implacabilidad selectiva no una novedad sino una constante: el poder siempre llama engaño al del adversario y verdad al propio, y la diferencia entre ambos es siempre la misma: la distancia entre quien firma el decreto y quien lo recibe.

El realismo acomodaticio, que durante décadas no quiso llamar fascismo a lo que tenía delante por miedo a perder interlocutores, ha conseguido al fin uno que no tiene ningún interés en ser llamado de otro modo y que tampoco tiene interés en seguir siendo interlocutor.

Temporalidad, hegemonía y el tiempo que no cierra

El problema del lenguaje es, en último término, un problema de tiempo. La razón transitológica no solo organizó las categorías del análisis: organizó también el tiempo en que ese análisis debía operar.

Bajo una concepción teleológica —dictadura, transición, consolidación democrática— instaló la idea de una secuencia necesaria, una dirección del tiempo histórico que los impacientes solo pueden interrumpir, como quien interrumpe una digestión que, de haber proseguido sin interferencias, habría producido exactamente el orden que los que digieren necesitan y que coincide, por ventura, con el orden que ya existe.

Toda periodización es ya una política sobre lo que merece ser recordado y lo que puede, sin culpa, ser olvidado. El «post-autoritarismo» no es una etapa que sucede al terror: es una tecnología cronológica que separa el antes traumático del después reconciliado mediante el gesto de decretar cuándo termina una época, gesto que tiene la ventaja de que quien lo decreta decide también cuándo el decreto es suficiente.

El nuevo gobierno resolvió el problema del tiempo a su manera: declaró que «vamos a recuperar nuestro país», «vamos a recuperar nuestras calles», «vamos a recuperar nuestras instituciones». La acumulación del verbo no es un tic oratorio: es una concepción del tiempo.

Recuperar supone que algo existió, fue perdido y puede ser restituido, sin necesidad de precisar quién lo poseía antes ni cómo llegó a poseerlo, omisión que el gobierno practica con una consistencia que solo puede llamarse disciplina.

Cioran, que confesó que «solo me seduce lo que me precede, lo que me aleja de aquí, los innúmeros instantes en que yo no fui», reconocería en esa política de la recuperación no nostalgia sino una ontología: la convicción de que el ser auténtico está siempre detrás, en el orden interrumpido, en la herencia que reclama administración.

Que esa herencia incluya dos exabogados de la dictadura en el gabinete y una formación política que redactó la constitución del régimen es, para quien administra el tiempo de ese modo, no una contradicción sino una coherencia, la más perfecta que este ciclo podía producir.

El lenguaje del realismo acomodaticio pretendía, con obscena serenidad, que esa coherencia no tenía nombre. El tiempo acaba de demostrar que sí lo tiene. Y que ese nombre no es nuevo: es el que una tradición crítica más exigente nunca dejó de pronunciar, mientras otra, más prudente, perfeccionaba el arte de no oírlo.

Referencias bibliográficas

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Mauro Salazar Jaque es sociólogo (2002) y doctor en comunicación por la Universidad de la Frontera y Universidad La Sapienza de Roma, Italia (Dual PhD, 2024).

Mauro Salazar Jaque

Imagen destacada: Rodrigo Rojas Vade.