Hay que leer al antropólogo chileno con la atención que se le debe a quien ha tocado un nervio, no para celebrarlo ni menos descartarlo, sino que con el fin de abrir en su diagnóstico las preguntas que él mismo deja pulsando sin terminar de formular, porque aquello que el investigador del IES instala lejos de ser una tesis equivocada, resulta necesaria, aunque inevitable e incompleta.

Por Mauro Salazar Jaque

Publicado el 17.2.2026

«Se llena la cabeza del niño con cifras, con fechas, con fórmulas, con nomenclaturas y otras semejantes fruslerías que disipa, de la memoria en que se acumulan, el viento de las primeras vacaciones. Pero lo que no se enseña es a discurrir».
Zorobabel Rodríguez (1886)

La frase final, «lo que no se enseña es a discurrir», opera como cifra condensada de toda la crítica. Discurrir, en el castellano decimonónico, no nombra la operación genérica del pensamiento sino su forma indócil: razonar sin tutela, encadenar por cuenta propia la secuencia de causas y efectos, producir juicio allí donde solo había dato.

Con todo, lo que Rodríguez denuncia es que la escuela chilena funciona como máquina de repetición que desactiva precisamente aquello que dice promover: fabrica sujetos adiestrados en la reproducción de lo ya codificado (cifras, fórmulas, nomenclaturas) pero inhabilitados para la operación crítica que desborda el código.

No se enseña a discurrir porque discurrir es exactamente lo que el dispositivo pedagógico necesita conjurar para sostenerse: la irrupción de un pensamiento que, al no reconocerse en lo ya pautado, desmontaría la ficción de saber que la institución administra como capital simbólico.

Así, el sistema produce sujetos que recitan pero no emprenden, que acumulan signos de instrucción pero carecen de la capacidad (siempre riesgosa, siempre excedentaria respecto del programa) de intervenir lo real.

En el contexto del ensayo, esta operación tiene traducción económica inmediata y devastadora: el europeo que llega a Chile desprovisto de credenciales formales pero dotado de esa capacidad de discurrir que ningún diploma certifica (observar un problema, buscar en un libro la solución, improvisar un negocio donde otros solo ven carencia) derrota sistemáticamente al chileno que atravesó años de liceos y escuelas para salir incapaz de montar una jabonería.

Apostilla

Hay que leer a Pablo Ortúzar con la atención que se le debe a quien ha tocado un nervio, no para celebrarlo ni para descartarlo, sino para abrir en su diagnóstico las preguntas que él mismo deja pulsando sin terminar de formular. Porque aquello que el investigador del IES instala no es una tesis equivocada, sino necesaria, inevitable e incompleta.

Ortúzar lee a Turchin con rigor, lee la inflación credencial de la educación universitaria con datos, lee la frustración de las clases medias con una eficacia analítica que no es frecuente en su campo. Sus dudas, y las tiene: sobre la complicidad de derechas y, especialmente de izquierdas, sobre la imposibilidad de una salida que no pase por la redistribución, son más valiosas que sus certezas, porque es en las dudas donde su hermenéutica política respira.

El problema no está en lo que Ortúzar dice, sino en lo que su diagnóstico habilita una vez que sale de sus manos: en la cadena de apropiaciones que lo convierte en arma donde él quiso que fuera instrumento, en consigna donde él ensayó matiz.

Lo que sigue no es una refutación —sería deshonesto refutar a quien se lee con esta proximidad—, sino una lectura que asume las tensiones del texto, que habita sus fisuras sin pretender resolverlas, que acompaña al diagnóstico hasta el punto exacto donde su propia lógica lo obliga a decir más de lo que se propuso.

En efecto, las críticas del investigador del IES (Instituto de Estudios de la Sociedad) se concentran en: i) la modernización acelerada de los años noventa, ii) las políticas educacionales de Ricardo Lagos y iii) la clientela universitaria del Frente Amplio.

Con todo, las llamadas contra-élites aspiracionales, son leídas por Ortúzar como el subproducto patológico de una promesa incumplida, pero nunca como el síntoma de una estructura que produce sistemáticamente más titulados de los que puede absorber porque su rentabilidad depende precisamente de esa sobreproducción.

La diferencia es decisiva: donde Ortúzar ve una élite política que fabricó clientela, nosotros vemos un dispositivo de acumulación que fabricó frustración como efecto colateral de su propia eficiencia. Lo que el investigador del IES no puede —o no quiere— pensar es que la máquina no se descompuso: simplemente mostró lo que siempre fue.

Modernización y credencialismo

En octubre de 2019, la masificación de las calles respondió, como eco invertido, como devolución feroz, a la masificación de las universidades: «deudores del CAE uníos» fue la consigna que tradujo la promesa credencialista en grito de revuelta, el cartón convertido en barricada, la deuda en combustible.

La problemática que instala del investigador del IES no es nueva (él mismo lo dice). Él mismo lo advierte, y esa advertencia no es inocente: opera como gesto de inscripción en una genealogía que el texto necesita para legitimarse, como reverencia calculada hacia los padres teóricos que confieren espesor a una intervención que, sin ellos, correría el riesgo de leerse como panfleto.

Con todo, la inflación credencial, ese proceso por el cual los títulos se multiplican, se abaratan y se vacían de contenido a medida que pasan por circuitos de certificación que acreditan sin verificar, validan sin exigir y gradúan sin formar, tiene antecedentes en Collins, en Dore, en Hirsch, en la sociología de la educación que desde la década de 1970 diagnostica la espiral autófaga de los títulos devaluados.

Incluso en una perspectiva más próxima, compañeros de ruta de Ortúzar (Svensson, Herrera, Garrido; UDP, 2012) habían cartografiado zonas contiguas del problema.

Entonces, nada de esto es inaugural. Lo que sí hay, y lo que justifica la lectura que sigue, lo que obliga a detenerse en este texto con la minuciosidad que se les dedica a los objetos que revelan más de lo que exhiben, es una inversión argumental que devela contradicciones hasta ahora no formuladas de la modernización acelerada.

No ya la promesa incumplida del desarrollo (ese relato fatigado que la izquierda transicional repitió hasta la náusea, hasta convertirlo en liturgia de lo posible), sino algo más perturbador, más difícil de metabolizar: la promesa cumplida que destruye aquello que prometía.

Chile no fracasó en modernizarse. Se modernizó con una eficacia tan implacable que la propia modernización, universitaria, credencial, aspiracional, engendró las condiciones materiales y simbólicas de su impugnación. La sobreproducción de graduados no es falla del sistema: es su producto más acabado, su mercancía más perfecta, su logro más obsceno.

Y es esa inversión, el éxito como forma secreta del fracaso, la expansión como dispositivo de la frustración, lo que convierte a Sueños de cartón en algo más que un ensayo de coyuntura: en un síntoma que merece ser leído con la atención severa que se les dedica a los textos que dicen más de lo que saben, que dejan escapar, por las fisuras de su propia argumentación, verdades que no se propusieron formular.

La crítica se concentra, aunque no exclusivamente, en las políticas de Ricardo Lagos, como si en el laguismo anidara una especie de holgura desarrollista heredera de Pedro Aguirre Cerda: la fe ciega: ciega por convicción, ciega por conveniencia; en que educar es modernizar, y que modernizar es, necesariamente, incluir. Ortúzar desarma esa fe.

Pero antes de Ortúzar, antes de que el diagnóstico adquiriera la forma de libro y la circulación de acontecimiento, una voz había desgarrado el velo con una brutalidad que el campo intelectual prefirió no registrar. En junio de 2012, Arturo Fontaine escribía en CIPER: «Vamos a tener un ejército de profesionales de papel». La frase operaba, y sigue operando, con la insistencia de lo que no fue escuchado a tiempo, como fisura en el dispositivo retórico que ha sostenido la legitimidad del sistema universitario chileno, desgarrando el velo de naturalidad con que la promesa credencialista se había inscrito en el sentido común. Lo que se nombra allí, un ejército de profesionales de papel, es el residuo que la máquina de producción de títulos necesitaba mantener fuera de escena para seguir funcionando sin interferencias, sin preguntas, sin la incomodidad de lo que no cierra. El título de Fontaine trabaja como irrupción de lo forcluido: hace visible aquello que el discurso oficial del acceso y la cobertura debía reprimir, amordazar, sepultar bajo capas de estadística triunfalista, para sostener su coherencia narrativa.

La palabra «ejército» inscribe la masividad en un registro que excede lo cuantitativo: connota cuerpos movilizados bajo una consigna que no les pertenece, sujetos reclutados por una promesa cuya enunciación estuvo siempre en otra parte, en la racionalidad del lucro encubierto, en la gramática del mercado que los convocaba como matrícula y los descartaría después como excedente, como sobrante, como desperdicio con diploma. «De papel» introduce la dimensión del simulacro: el diploma como significante vaciado, como signo que ha perdido toda relación de garantía con aquello que pretende certificar. No es que el título sea falso en sentido jurídico, nadie lo impugna ante un tribunal, nadie lo devuelve en la ventanilla; es que su verdad se ha vuelto puramente nominal, tautológica: el papel certifica papel. La credencial certifica la credencial.

Lo que Fontaine había desmontado, con la lucidez incómoda de quien habla desde el corazón del dispositivo liberal y aun así lo nombra, es la operación ideológica mediante la cual la inflación de credenciales fue presentada como democratización. El mercado (y aquí reside la crueldad más refinada del mecanismo, su elegancia asesina) no se deja engañar por la proliferación de signos: reintroduce las jerarquías que la masificación decía disolver, estratificando entre profesionales A, B, C y D con una eficacia clasificatoria que restituye, bajo nueva codificación, las mismas escisiones socioeconómicas previas. El 40% de retorno negativo que documentan los estudios de Urzúa no es un dato: es el síntoma de una estafa estructural cuyas víctimas son precisamente quienes más confiaron en la promesa, la juventud modesta que invirtió tiempo, endeudamiento y expectativa en un significante que el propio sistema había vaciado de antemano. Fontaine lo vio en 2012.

Lo que el Estudio de Movilidad Social del COES inscribe en el registro de la verificación empírica es la confirmación diferida, y por ello más implacable y más difícil de esquivar; la promesa universitaria como máquina de movilidad social ha fracasado no por accidente sino por la lógica misma del dispositivo que la sostenía. La «promesa rota de la movilidad» que el COES nombra desde la sociología cuantitativa es, leída en clave crítica, la otra cara del mismo mecanismo: la traducción a lenguaje de encuesta panel y testimonio cualitativo, acumulado en más de 350 voces, en la materialidad rugosa de lo que no se deja reducir a coeficiente, de lo que ya operaba como evidencia sintomática en la proliferación de credenciales sin correlato (la duda de los jóvenes sobre el destino incierto del pregrado). Que el propio COES haya debido consignar, en la lengua neutra de la encuesta panel, la ausencia de futuros como hallazgo, revela que lo reprimido retorna incluso allí donde el dispositivo fue diseñado para no escucharlo.

El pliegue incómodo: secuencia causal y residuo de lo no interrogado

La secuencia que el investigador del IES propone tiene la apariencia de lo inevitable, y es precisamente esa apariencia lo primero que debe ser desmantelado, porque nada resulta más sospechoso en un análisis crítico que la lisura de una cadena causal sin tropiezos. La liberalización del mercado de educación superior desde 1981 produce expansión desregulada de la matrícula. La matrícula crece más rápido que la capacidad de la economía para absorber graduados en posiciones consonantes con sus expectativas. La devaluación relativa de los títulos genera frustración masiva en las clases medias que invirtieron recursos, endeudamiento y deseo en educación. Los graduados frustrados, dotados de credenciales pero despojados de posiciones, se convierten en aspirantes frustrados a la élite en el sentido turchiniano. Y estos aspirantes convergen en una contraélite que, en el caso chileno, adoptó la forma política del Frente Amplio. La cadena es elegante. Demasiado elegante. Se lee como destino, como si la historia chilena no fuera más que la verificación empírica de un modelo diseñado para sociedades que nunca se parecieron del todo a Chile. Y es precisamente esa lisura causal, esa cadena que no tropieza con ninguna irregularidad, que no se ensucia con ningún dato incómodo, que no se detiene en ninguna fisura, lo que exige ser interrogado. No para refutar el modelo, sino para abrir en él las grietas que su propia coherencia obtura.

Ortúzar caracteriza al Frente Amplio como una contraélite cuya operación de legitimación se desplaza del mérito certificado hacia la identidad como código articulador. La meritocracia, ese dispositivo de asignación de posiciones que funcionaba como relato cohesionante del orden social, como promesa administrada de que cada cual ocupa el lugar que merece y merece el lugar que ocupa, estaría siendo sustituida por criterios niveladores e identitarios que dislocan la jerarquía del saber credencializado. Hasta aquí, el argumento es potente. Pero lo que esta lectura no termina de interrogar, lo que deja intacto, como zona ciega, como reserva no fiscalizada del propio discurso, es el pliegue más incómodo de su diagnóstico: que la destrucción de la meritocracia no constituye una opción ideológica, no es un gesto voluntarista de la contraélite emergente que un buen día decide abolir el mérito por decreto identitario, sino un efecto estructural de la inflación credencial que el propio modelo describe. Cuando los títulos se devalúan masivamente, cuando la certificación del mérito pierde su eficacia simbólica como mecanismo de distribución de lugares sociales, los sujetos buscan, necesitan buscar, no pueden no buscar, criterios alternativos de legitimación: redes familiares, capital social acumulado en circuitos de proximidad, identidad de grupo, militancia como forma de inscripción en lo público. La contraélite antimeritocrática no destruye la meritocracia: hereda su cadáver. Hereda un sistema donde la meritocracia ya había sido vaciada de contenido, saqueada desde adentro, corroída por su propio éxito, por la sobreproducción de credenciales que la derecha facilitó y celebró.

Ortúzar había formulado ya, en su columna sobre la batalla de Tchile, la alternativa turchiniana a la confrontación de élites: la tregua. Siguiendo el modelo histórico de los estados de bienestar nórdicos, esa transacción en que todos los grupos de poder asumen un sacrificio proporcional de recursos en aras de la estabilización, una negociación semejante permitiría desactivar lo que la teoría demográfico-estructural denomina la bomba de riqueza. Pero Ortúzar mismo advertía que esa tregua se veía muy lejos en el horizonte chileno. ¿Y por qué se ve lejos? ¿Por qué resulta impensable precisamente donde más se la necesita? La razón no es contingente, no depende de la mala voluntad de los actores, no se resuelve con buena fe ni con mesas de diálogo ni con pactos de escritorio. Es estructural, inscrita en la materialidad misma del circuito: en un sistema de capitalismo académico de alto privatismo, la expansión de la matrícula beneficia a las instituciones educativas que cobran por cabeza, la flexibilización laboral beneficia al empresariado que paga menos por más, y la precarización resultante alimenta el ciclo de aspirantes frustrados que nutren, indistintamente, promiscuamente, sin lealtad ideológica alguna, tanto a las contraélites de izquierda como a las de derecha. Ninguno de los actores dominantes tiene incentivos unilaterales para romper la cadena. Ninguno quiere pagar el costo de la tregua que todos necesitan.

De «contraélite» a «horda»: excesos de la amplificación

Lo que empapa de perplejidad no es que el diagnóstico circule sino que circule sin fricción, que la lengua del autor del IES se haya convertido en hegemonía discursiva capaz de saturar el campo de lo decible sin que ninguna voz interrogue las condiciones materiales de esa saturación, la economía política de esa fluidez, los intereses que esa transparencia vuelve opacos.

Lucy Oporto despliega en su columna de Ex-Ante la recepción más elogiosa y, sin proponérselo, o proponiéndoselo demasiado, la más reveladora de todas.

Sistematiza la tesis de Ortúzar con fidelidad de exégeta: la clase política intentó resolver en el sistema educativo casi todos los problemas del desarrollo capitalista, y la amplifica con su propio registro, con su propia temperatura, con su propia urgencia: las políticas fracasadas desde 1998, dice: «solo sirvieron para el surgimiento de esa contraélite antimeritocrática, identitaria y niveladora de la que Boric y su horda son cabeza visible en el poder».

Su horda. Hay que detenerse en esas dos palabras como se detiene el bisturí en la zona donde la piel revela lo que hay debajo. La expresión marca un desplazamiento que es más que retórico, es político, es estratégico, es sintomático: del diagnóstico analítico al lenguaje del combate cultural, de la sociología histórica a la arenga, de la cliodinámica al grito de guerra. Ortúzar escribe «contraélite»; Oporto traduce «horda». Ortúzar cita a Turchin; Oporto convoca la imaginería de la invasión bárbara, del asedio, de la irrupción de lo incivilizado en el recinto de lo civilizado.

Pero la amplificación produce excesos que el diagnóstico original no puede controlar, excesos que se le escapan como se le escapa al conjuro la fuerza que invocó. En las reseñas de Goodreads, ese territorio donde la recepción de base opera sin la mediación del campo intelectual, sin los filtros de la cortesía académica, sin el pudor de la cita, la fractura es brutal. Los lectores afines celebran a Ortúzar como «uno de los analistas más finos de su generación»; los críticos señalan que «se dedica a tirar basura con ventilador al Frente Amplio» y que la aplicación de Turchin a Chile es «más aseverativa que demostrativa». Lenguaje crudo. Pero preciso. La polarización de la recepción de base anticipa un problema que la estrategia política derivada no resolverá y que prefiere no mirar: la distancia, enorme, quizás insalvable, quizás constitutiva, entre la sofisticación del marco teórico y la debilidad de la evidencia empírica específica. El recurso argumental funciona como espejo: cada lector ve reflejado lo que ya creía antes de abrirlo. Lo que no ve, lo que el espejo no puede mostrar, porque mostrar su estructura destruiría su efecto, porque la condición de la ilusión especular es la invisibilidad del espejo mismo, es la estructura del espejo.

Fábrica de lo trivial: masificación como descomposición de la promesa

Pero hay algo que ni Ortúzar ni sus recepcionistas nombran con la precisión que la crisis exige, algo cuya ausencia debilita el edificio entero del diagnóstico, que lo deja flotando en una generalidad cómoda que sirve para todo y no explica nada con la suficiente brutalidad: el mecanismo específico, material, verificable por el cual la masificación universitaria deja de funcionar como movilidad social y empieza a funcionar como producción industrial de frustración. No basta con decir «inflación de títulos», como si la metáfora monetaria agotara el fenómeno. Tampoco con las alusiones al crecimiento y la expansión demográfica, cuestiones sustantivas pero no sustanciales, porque lo que produce la crisis no es el volumen sino la anarquía de los mercados, su velocidad drómica, convocando a Virilio, esa aceleración sin gobierno que arrasa las estructuras formativas antes de que puedan constituirse como tales. Hay que nombrar, con todas las letras, sin las evasivas del eufemismo académico, la operación: la trivialización del universitario como efecto estructural de un sistema diseñado (diseñado, no desviado; diseñado, no accidentado) para que las clases precarizadas busquen en la universidad la salida de un ciclo de precariedad que la propia universidad, al masificarse bajo la lógica del mercado, reproduce y profundiza. La universidad no falla cuando no produce movilidad: funciona exactamente como fue diseñada para funcionar.

La secuencia es implacable. Tiene la forma de una trampa, de esas trampas que funcionan mejor cuanto más convencido está el atrapado de que se está liberando, cuanto más agradecido está por la oportunidad de caer. La familia precarizada invierte en educación superior porque el mercado laboral exige credenciales: sin título no hay empleo formal, sin empleo formal no hay salida de la precariedad, sin salida no hay futuro, sin futuro no hay dignidad. El título es la llave. La única llave. Y esa unicidad es precisamente la trampa. Porque el sistema que recibe esa demanda, que la recibe con los brazos abiertos, con publicidad agresiva, con facilidades de pago, con sedes en cada esquina de cada ciudad de cada provincia, no está diseñado para formar: está diseñado para matricular. La matrícula se quintuplicó en tres décadas, de 250.000 estudiantes en 1990 a más de 1.200.000 en 2019, no porque la economía chilena necesitara cinco veces más profesionales sino porque las instituciones necesitaban cinco veces más aranceles. La expansión respondió a la lógica del ingreso institucional, al hambre insaciable de la máquina por nuevos pagadores, no a la lógica de la formación productiva. Collins lo formalizó en 1979 con la claridad que solo tienen los diagnósticos que nadie quiere escuchar: la expansión educativa responde a competencia posicional entre grupos sociales, no a demandas técnicas de la economía. Pero Chile no leyó a Collins. O lo leyó y lo archivó en el mismo cajón donde se guardan las verdades que estorban.

¿Qué produce la masificación cuando opera bajo esta lógica? ¿Qué manufactura esta fábrica cuya materia prima es la esperanza y cuyo producto terminado es la decepción? Produce trivialización: degradación simultánea del contenido formativo, del valor de la credencial y de la experiencia subjetiva de lo universitario. Trivializar: hacer trivial lo que debería ser transformador. Convertir en trámite lo que prometía ser tránsito. La universidad que promete sacar a la familia de la precariedad se trivializa cuando admite sin selección, forma sin rigor, certifica sin exigencia y gradúa sin preparación, cuando la única competencia que exige es la capacidad de pagar el arancel, o de endeudarse para pagarlo, o de endeudarse para endeudarse. El título que debería certificar un saber se trivializa cuando certifica apenas la permanencia, la mera supervivencia burocrática, el puro haber-estado-ahí, en un sistema que necesitaba retener al estudiante para cobrar. La experiencia universitaria que debería ampliar el horizonte del sujeto se trivializa cuando se reduce a pasillo: un corredor burocrático entre la matrícula y la graduación, sin la densidad formativa que justificaba la inversión de tiempo, de dinero y, sobre todo, de esperanza. Porque la esperanza es la materia prima más cara del circuito y la que peor se repone.

Dore captó esta dinámica en 1976 con el concepto de diploma disease: en las economías tardíamente industrializadas, la educación funciona como mecanismo de selección burocrática, no como formación productiva. Los empleadores usan el título como filtro barato; los aspirantes lo buscan; la proliferación devalúa la señal; los empleadores exigen más; el sistema produce más; la espiral no tiene freno endógeno. Pero lo que Dore no analizó, porque escribía desde otras latitudes, desde otras urgencias, desde economías que aún no habían inventado el CAE, es el efecto subjetivo de esta espiral sobre las clases que ingresan a la universidad precisamente para escapar de la precariedad. Cuando la universidad se masifica sin que se transforme la estructura productiva que debería absorber a sus graduados, lo que produce no es movilidad: es ilusión de movilidad. Un desplazamiento puramente simbólico que cambia la posición credencial del sujeto sin tocar, sin rozar siquiera, su posición material. El hijo es profesional; el padre no lo era. Pero el hijo gana lo mismo que el padre. O menos. O está desempleado. O trabaja en algo que no requiere su título, que ignora su título, que humilla su título. La movilidad es nominal, no real. El cartón certifica un ascenso que no ocurrió. Y esa distancia, entre lo que el cartón promete y lo que la vida entrega, entre el nombre grabado en el diploma y el sueldo depositado en la cuenta, es el combustible exacto de la frustración que Turchin teoriza y Ortúzar diagnostica.

Hirsch lo formalizó como la paradoja de los bienes posicionales: el título universitario es un bien cuyo valor depende intrínsecamente de su escasez relativa, masificarlo es destruir la propiedad misma que lo hacía valioso, como repartir entre todos una moneda que solo tenía valor porque la tenían pocos. Boudon lo complementó con una paradoja aún más cruel: más educación no produce más movilidad cuando todos se educan simultáneamente, porque la distribución relativa de posiciones, los lugares disponibles en la mesa del poder, no cambia. Cambian los comensales. No cambian las sillas. Y la FNE, en octubre de 2025, le puso cifras institucionales al fenómeno, cifras que tienen la brutalidad de lo que ya no puede ser negado: el 35% de los programas tiene retorno económico negativo; el 40% de los estudiantes en 2023 ingresó a carreras donde habría ganado más sin estudiar; 2 de cada 5 egresados trabaja en algo que no tiene relación alguna con sus estudios; 1 de cada 2 se declara sobrecalificado para el empleo que tiene. Chile ocupa el segundo lugar entre los países de la OCDE en sobrecalificación laboral. Segundo lugar. En una organización de 38 países. La cifra no necesita comentario: se comenta sola, con la elocuencia feroz de lo indiscutible.

La trivialización rompe la promesa de movilidad no por accidente sino por diseño, no porque algo haya salido mal, sino porque todo salió exactamente como estaba previsto que saliera. La clase media que ingresó a la universidad para salir de la precariedad descubre, al egresar, que la universidad era la precariedad, una precariedad con título, con toga, con deuda, con la vergüenza adicional de haber creído en la promesa, de haber invertido en ella no solo dinero sino deseo, esperanza generacional, fantasía de trascendencia. Solo el 28,3% del empleo en Chile es empleo protegido. Los jóvenes de 18 a 34 años han perdido 112.000 empleos respecto a 2010, ciento doce mil puestos menos en el mercado que supuestamente los esperaba al otro lado del cartón. La universidad masiva no produce profesionales: produce precarios con cartón. Y el cartón, lejos de proteger, opera como certificado de una estafa consentida que nadie puede denunciar sin denunciarse a sí mismo, porque denunciar la estafa es admitir que se creyó en ella, y admitir que se creyó en ella es exhibir la herida.

La herida exhibida: autoconfesión, blindaje, sustracción

Pablo Ortúzar confiesa en varias notas e intervenciones que la derecha es cómplice de la inflación credencial, que nunca le interesó la educación como proyecto formativo. ¿Qué hace esa confesión en el interior de un diagnóstico que será recepcionado, capturado, instrumentalizado, convertido en munición, por la derecha como arma contra la izquierda? Opera como blindaje estratégico, como escudo paradójico que protege exhibiendo la herida. Al reconocer la complicidad de su sector, Ortúzar se posiciona como voz crítica interna, como intelectual que no obedece a la tribu sino que la interpela, y la interpelación, en este contexto, funciona como forma superior de lealtad: critico a los míos porque son los míos, y esa crítica me autoriza a golpear a los otros con más fuerza. Pero lo que la escena de recepción conservadora hace con esta confesión es exactamente lo que la teoría del suplemento permite predecir: la excluye. La silencia. La sustrae del circuito de circulación con la eficacia quirúrgica de quien extirpa un órgano incómodo del cuerpo del discurso. El diagnóstico circula; la autocrítica no. La denuncia de la inflación credencial se convierte en arma programática; la confesión de que la derecha es cómplice desaparece del discurso público como si nunca hubiera sido pronunciada, como si esas palabras, una vez cumplida su función de blindaje, pudieran ser devueltas al silencio del que vinieron. La herida se exhibe para proteger. Luego se oculta para operar. Primero el gesto de sinceridad, brutal, desarmante. Después, la administración meticulosa del silencio.

Y aquí emerge la pregunta que el ecosistema conservador no puede formular sin desestabilizarse; la pregunta que, si se hiciera en voz alta, si se enunciara con todas sus consecuencias, haría temblar la arquitectura entera del dispositivo: si la derecha es cómplice de la inflación credencial y nunca le ha interesado la educación, ¿sobre qué base, con qué autoridad moral, desde qué lugar que no sea el de la impostura un gobierno de derecha podría implementar las reformas que el diagnóstico exige? La respuesta que la estrategia produce no es una respuesta. Es un desplazamiento. Se adopta el diagnóstico contra la izquierda; se silencia la autocrítica que lo fundamenta; se descarta la dimensión confesional. La operación es limpia, eficaz, quirúrgica, perfectamente funcional al ciclo político. Pero reproduce aquello que denuncia: la apropiación selectiva del saber para fines de posicionamiento en la competencia intraélite. Ortúzar diagnosticó la instrumentalización del conocimiento. Su diagnóstico fue instrumentalizado. La ironía no es accidental: es estructural.

¿Qué significa que el programa de Kast adopte la dimensión crítica del diagnóstico de Ortúzar pero rechace su solución turchiniana? Significa exactamente lo que el modelo predice, con la ironía implacable de los modelos que se verifican en el acto mismo de ser instrumentalizados: que las élites en competencia capturan los diagnósticos de crisis para ganar posiciones, no para resolver la crisis que los origina. La tregua exigiría redistribución. Y la redistribución contradice punto por punto, línea por línea, cifra por cifra, el programa de reducción impositiva, flexibilización laboral y austeridad fiscal que Kast implementará con su 58,16%. La estrategia adopta el diagnóstico y rechaza la terapia. Usa el termómetro pero descarta la medicina. Lo que queda no es un tratamiento: es un instrumento de poder disfrazado de instrumento de conocimiento.

El riesgo es el de la aceleración de aquello que se dice combatir, el riesgo de que la cura sea peor que la enfermedad, o más exactamente: de que la cura sea la enfermedad, administrada con otro nombre. Al recortar la gratuidad sin reformar los estándares de calidad ni regular la oferta privada, se transfiere el costo de la credencial a las familias sin mejorar su valor de mercado. El título se encarece pero no se revaloriza. La inversión familiar aumenta pero el retorno sigue siendo negativo para un tercio de los programas. La trivialización se profundiza: al encarecer el título sin mejorar la formación, no se produce un profesional mejor preparado sino un precario más endeudado, más frustrado, más disponible para el siguiente ciclo de captación política del malestar. Los aspirantes frustrados que en 2019 se expresaron en el estallido, que en 2021 votaron por Boric y que en 2025 votaron por Kast no cambiaron de condición estructural entre una elección y otra. No cambiaron de clase. No cambiaron de deuda. No cambiaron de frustración. Siguen siendo graduados precarizados en una economía que no los absorbe, que no sabe qué hacer con ellos, que los necesita como consumidores pero los descarta como trabajadores. Lo que cambió fue el canal de articulación del malestar, su dirección política, no su intensidad; su forma, no su temperatura.

La grieta del espejo

La genealogía de Ortúzar tiene una función política precisa: al localizar el origen de la crisis en las decisiones de la centroizquierda, Ortúzar desplaza la responsabilidad lejos del campo que lo produce como intelectual. El IES, la derecha, el empresariado educativo que lucró con la expansión desregulada, los sostenedores que abrieron sedes como quien abre franquicias, todo eso queda en la sombra. La genealogía ilumina selectivamente: muestra la mano que firmó la ley pero oculta la mano que cobró el arancel.

Al cuestionar a «todos» los autores de la masificación, no a uno, no a un partido, sino al consenso transicional entero, Ortúzar produce algo más que una crítica sectorial: produce la «orfandad del modelo». Si todos son culpables, nadie puede reclamar la herencia. Si Lagos es culpable y Piñera es cómplice y Bachelet profundizó y Boric no corrigió, entonces el campo político entero queda desautorizado para hablar de educación. ¿Y quién ocupa ese vacío? ¿Quién habla cuando todos han sido descalificados? Habla el diagnosticador. Habla el que tuvo la lucidez de nombrar la crisis que los otros produjeron sin verla. Ortúzar no se presenta como político: se presenta como «clínico». Y el clínico, a diferencia del político, no necesita justificar su posición, le basta con que el paciente esté enfermo. La autoridad del diagnóstico sustituye la legitimidad de la propuesta. No hace falta decir qué haría la derecha con la educación: basta con demostrar que lo que hizo la izquierda fue catastrófico.

Hay, todavía, un tercer registro que opera como el más decisivo y el menos confesable. Al impugnar la masificación como «error civilizatorio», Ortúzar le devuelve a la derecha algo que había perdido en el ciclo 2011-2019: la posibilidad de hablar de educación sin que la conversación termine en lucro, en Cascadas, en universidades-negocio, en controladores que extraían renta de la esperanza ajena. La derecha chilena tiene un problema con la educación superior: su huella en el sector es la del mercado sin regulación, la del CAE como subsidio a la demanda que terminó subsidiando la oferta, la del negocio que produjo la crisis que ahora denuncia. Ortúzar resuelve ese problema con una operación de una elegancia implacable: convierte a la derecha de «acusada» en «fiscal». El sector que facilitó el negocio universitario se transforma, mediante el diagnóstico, en el sector que denuncia sus consecuencias. La culpa se desplaza temporalmente: no importa quién creó el mercado en 1981; lo que importa es quién lo masificó en 2005. La pregunta por el origen se sustituye por la pregunta por la escala. Y en esa sustitución, en ese deslizamiento que parece menor pero que reconfigura toda la escena, la derecha recupera voz, recupera autoridad, recupera la posibilidad de presentarse como «solución» de aquello que contribuyó a producir.

El interés político de Ortúzar no es, entonces, simplemente partidario, no se reduce a fabricar munición electoral, aunque también haga eso. Es un interés de «reconfiguración del campo enunciativo»: producir las condiciones para que la derecha pueda hablar de educación sin que le estalle en la cara su propia historia. Para eso necesita que todos los demás sean culpables. Para eso necesita que la masificación sea el «pecado original». Para eso necesita que el diagnóstico circule como verdad y la autocrítica desaparezca como ruido. La operación es estructural, no personal. Y es precisamente por eso que funciona.

Referencias bibliográficas

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Mauro Salazar Jaque es sociólogo (2002) y doctor en comunicación por la Universidad de la Frontera y Universidad La Sapienza de Roma, Italia (Dual PhD, 2024).

Mauro Salazar Jaque

Imagen destacada: Pablo Ortúzar Madrid.