El período historiográfico situado entre los meses de julio de 1931 (caída de Carlos Ibáñez del Campo) y diciembre de 1932 es considerado uno de los más turbulentos y cambiantes en la trayectoria de la República: baste decir que a los numerosos cambios de gobernantes, graves estallidos de violencia popular y callejera, y sublevaciones militares pasajeras, se le sucedió la proclamación de un gobierno revolucionario, filo marxista y estatizador, liderado por el entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y fundador del Partido Socialista de Chile, Marmaduke Grove Vallejo. Este texto devela la actuación de dos instituciones claves del país frente al fenómeno que duraría tan sólo doce días, pero cuyos efectos concluirían medio año después, con el regreso de Arturo Alessandri Palma (por segunda vez) en gloria y majestad al Palacio de La Moneda: nos referimos a las posturas adoptadas ante los citados acontecimientos por la Iglesia Católica Romana y por el diario «Decano» de la prensa nacional, conducido durante esas difíciles jornadas por su omnipresente dueño, el poderoso político y empresario, Agustín Edwards Mac-Clure.

Por Felipe Portales Cifuentes

Publicado el 18.3.2018

Uno de los episodios más relevantes y poco conocidos del siglo XX chileno es el de la denominada República Socialista. Ya de por sí notable es que un evento de tan corta duración haya tenido tanto impacto. En rigor, dicha república ¡duró 12 días!: Desde el 4 al 16 de junio de 1932. Otra cosa es el hecho de que la represiva dictadura de Carlos Dávila, que la sucedió, haya conservado -según la historiografía más tradicional- dicha denominación, pese a que su persecución política se dirigió fundamentalmente contra  socialistas y comunistas.

Su implantación provino de un golpe de Estado que depuso al gobierno electo del radical Juan Esteban Montero, apoyado por la derecha liberal-conservadora y surgido el año anterior, en elecciones fuertemente distorsionadas por el cohecho. Su falta de legitimidad se agravaba al coexistir con el Congreso (Termal) designado por Ibáñez en su dictadura. Además, el hecho que Montero siguiera una política económica liberal -que casi nada hizo para resolver el durísimo impacto de la crisis mundial en nuestro país- alentó fuertemente los intentos por deponerlo; tanto de ibañistas, alessandristas y socialistas. Estos últimos estaban fragmentados en pequeños movimientos que solo en abril de 1933 se unirían para formar el Partido Socialista de Chile.

Finalmente en el golpe se impuso la tendencia socialista, dado que el comandante en jefe de la Aviación Marmaduke Grove Vallejo (el militar más famoso de los sublevados) se había hecho afín a ella. Grove había secundado a Ibáñez en el grupo de oficiales del Ejército que promovieron el desplome de la república oligárquica a mediados de los 20; pero luego se izquierdizó y fue exiliado por Ibáñez. Posteriormente Montero lo designó a cargo de la recién creada Aviación, dada precisamente sus credenciales en la lucha contra Ibáñez.

El carácter socialista de la sublevación fue remarcado por las proclamas que la Aviación tiró sobre Santiago: “El caos en que se encuentra el país a consecuencia de su total bancarrota económica y moral nos ha movido a seguir los impulsos de nuestro patriotismo, derrocando un gobierno nefasto de reacción oligárquica, que solo supo servir los intereses del insaciable capitalismo extranjero (…) perseguimos la liberación económica del país y el triunfo de la justicia social, con la instauración de la REPUBLICA SOCIALISTA DE CHILE, alentada por un alto espíritu de nacionalismo constructivo que asegure a todos los chilenos el derecho a la vida por medio del trabajo productor (…) Al construir un nuevo orden de cosas, estamos lejos de las influencias de cualquier imperialismo, sea este el de la alta banca extranjera o del sovietismo ruso” (Brian Loveman y Elizabeth Lira.- Las ardientes cenizas del olvido: Vía chilena de Reconciliación Política 1932-1994; LOM Ediciones, 2000; pp. 13-4).

Sin embargo, el carácter socialista de Grove era muy vago. Según Oscar Waiss, Grove reconocía abiertamente no haber leído nunca directamente a Marx (ver Chile vivo. Memoria de un socialista. 1928-1970; Unigraf, Madrid, 1986; p. 49). A su vez, Julio César Jobet señalaba que Grove criticaba en Marx el desdén por los factores étnicos y nacionales; la separación tajante entre burguesía y proletariado; su menosprecio de la clase media como elemento revolucionario; la sobrevaloración de lo económico; y la minusvaloración del rol de las personalidades en la historia (ver Gonzalo Vial.- Historia de Chile (1891-1973) De la República Socialista al Frente Popular (1931-1938), Volumen V, Edit. Zig-Zag, 2001; pp. 156-7).

El golpe liderado por Grove contó con la discreta colaboración del alessandrismo, a través del general ® Enrique Bravo y de Aurelio Núñez Morgado (ver Carlos Charlín.- Del avión rojo a la República Socialista; Quimantú, 1972; pp. 650-1 y 698); y con el evidente apoyo del ibañismo representado por el grueso de la oficialidad del Ejército. La cabeza formal del nuevo gobierno quedó en una Junta compuesta por el socialista Eugenio Matte Hurtado; y los ibañistas Carlos Dávila y el general ® Arturo Puga. Sin embargo, los conflictos entre los socialistas e ibañistas asomaron desde el primer momento. El motivo fue una dura pugna por la designación de ministro del Interior. Dávila, apoyado por Puga, propuso al connotado radical-ibañista Juan Antonio Ríos; al cual se opusieron exitosamente Grove y el conjunto de los socialistas.

Finalmente, el gabinete quedó conformado por ocho socialistas (entre ellos, el propio Grove, Eugenio González, Rolando Merino, Oscar Cifuentes y Carlos Alberto Martínez) y tres alessandristas. Pero la derrota de los ibañistas fue solo aparente, ya que desde el primer momento comenzó a actuar la conspiración davilista que derrocó rápidamente a Grove (ver Charlín; pp. 729 y 736-7). Los primeros decretos del nuevo gobierno disolvieron el “Congreso Termal”; mantuvieron el Poder Judicial; determinaron respetar la Constitución y las leyes en cuanto fueran “compatible con el nuevo orden de cosas”; convocaron (sin fecha) a elecciones para una Asamblea Constituyente; y que la nueva Junta asumiría “el Poder Púbico del país hasta que se instale el Ejecutivo conforme a la nueva Constitución Política del Estado” (Loveman y Lira; p. 14).

A su vez, el 5 de junio, el Gobierno aprobó un Manifiesto que planteaba como objetivos fundamentales “organizar técnicamente la fuerza productora bajo el control del Estado, establecer ampliamente la justicia social y asegurar a todos los chilenos el derecho a la vida y al trabajo” y “pretendemos iniciar la construcción de una sociedad mejor que la actual, dentro de las limitaciones naturales que imponen los recursos del país y sus condiciones históricas”. En concreto, su programa básico incluía “reducir la magnitud de las fuerzas armadas y emplearlas en acción cívica; gravar la riqueza para terminar con el déficit fiscal y ayudar a los desempleados; expropiar mediante un sistema de compensación, ciertas tierras agrícolas que no estaban cabalmente explotadas y hacerlas colonizar por desempleados; reabrir las minas y fábricas cerradas; imponer regulación estatal al comercio nacional y con el exterior; parar los lanzamientos de los arrendatarios pobres que no podían pagar; poner término al estado de sitio y al castigo a los rebeldes navales, ordenados en la administración de Montero; redistribuir el crédito hacia las clases media y baja; subir los sueldos y aumentar los beneficios a los empleados públicos; reconocer a la Unión Soviética; promover la solidaridad interamericana; suspender las importaciones de los artículos de lujo; controlar los depósitos bancarios; desarrollar la minería de oro para aliviar el desempleo y disminuir el déficit de oro; y reorganizar el Estado y la economía dentro de un marco funcional y corporativista” (Paul Drake.- Socialismo y Populismo. Chile 1936-1973, Universitarias de Valparaíso, 1992; p. 60). Es decir, un programa de profundas reformas económicas y sociales, pero que estaba muy lejos de propósitos marxistas revolucionarios.

La reacción de la sociedad chilena frente a la “República Socialista” constituyó una mezcla de grandes expectativas de sectores populares y de sectores medios empobrecidos; de profundo temor –aunque bastante disimulado- de la clase alta y de sectores profesionales; y de apoyo de varios partidos políticos de tendencia centro-izquierdista. Así, le manifestaron su adhesión al nuevo gobierno el Partido Democrático, el Partido Radical-Socialista, la Asamblea Liberal Democrática (balmacedista) y los diversos grupos socialistas que se unirían menos de un año después.

Por otro lado el Partido Comunista vio la República Socialista simplemente como una mejor oportunidad para impulsar su propia revolución. De este modo, se tomaron la Universidad de Chile colocando un gran letrero hacia la Alameda en que convocaba al pueblo a constituir “Soviets de obreros, campesinos, mineros, soldados, marineros e indios” (Charlín; p. 732). Y, en reunión con Grove, Carlos Contreras Labarca le manifestó que “había que defender el movimiento (…) armando a los obreros (…) hasta constituir una fuerza mixta de soldados, obreros, y campesinos; los sindicatos debían participar en un gran organismo destinado a poner en práctica medidas inmediatas para reducir el costo de la vida y dar impulsos a las industrias (…) era preciso ocupar de inmediato las tierras inactivas y dar a los campesinos créditos, semillas y herramientas”. Grove les respondió que “esas cosas no se pueden hacer” y les pidió un “apoyo incondicional para el gobierno socialista” (Elías Lafertte.- Vida de un comunista, Edit. Austral, 1971; p. 251).

En los sectores acomodados se manifestó un pánico profundo pero muy bien disimulado. Por un lado, el lunes 6 de junio los bancos de Santiago sufrieron una gigantesca corrida de fondos que casi provoca una catástrofe económica, con lo que “se aprobó un decreto-ley que establecía feriado bancario de tres días y ordenó limitar los giros a una cifra proporcional al dinero depositado, debiendo darse motivos muy justificados para otorgar retiros por sumas superiores” (Charlín; p. 735). Asimismo, el anuncio de transformar el Banco Central en Banco del Estado “causó la previsible ansiedad y molestia de los bancos extranjeros (y sus embajadas), pues ellos habían aportado fondos al capital y reserva de la institución” (Vial; p. 1659), con lo que se temió el embargo de las reservas de oro depositadas fuera del país. De todas formas, “las alarmantes protestas de las elites financieras chilenas y norteamericanas, y de la embajada de Estados Unidos disuadieron a la Junta de echar mano de esos recursos crediticios. Por lo tanto, los socialistas debieron atenerse a políticas inflacionarias” (Drake; p. 60).

Por otro lado, los partidos tradicionales (conservadores, liberales y radicales) mantuvieron total silencio; y la jerarquía de la Iglesia Católica llegó incluso a expresiones de apoyo al nuevo gobierno, aunque ciertamente de nula credibilidad. Así, el arzobispo de Santiago, Horacio Campillo, manifestó “declaraciones de apoyo a la Junta” (Drake; p. 61). Lo mismo hicieron el obispo de Valparaíso, Eduardo Gimpert; el rector de la Universidad Católica, Carlos Casanueva; y el presbítero Alejandro Huneeus, quien afirmó la compatibilidad entre  cristianismo y socialismo (ver Vial; p. 170). El “entusiasmo” socialista alcanzó a Hernán Díaz Arrieta (“Alone”), que en octubre de 1931 había sido uno de los fundadores de la “Liga contra el Comunismo”. Así, este futuro célebre crítico literario dijo que “Cristo había sido socialista y que la doctrina social de la Iglesia falseaba el verdadero pensamiento de Jesús”. (Vial; p. 171).

En la derecha los únicos que expresaron su real pensamiento fueron importantes líderes futuros de la Falange Nacional (Bernardo Leighton, Manuel Garretón, Jorge Rogers, Alejandro Silva Bascuñán y Manuel Francisco Sánchez) y del Partido Conservador (Sergio Fernández Larraín, Víctor Delpiano y Lorenzo de la Maza); quienes dijeron que “la mascarada socialista del 4 de junio, más condenable por lo de mascarada que por lo de socialista, equivale a una injuria monstruosa (…) contra la ideología social católica”. (Otto Boye.- Hermano Bernardo. 50 años de vida política de Bernardo Leighton; Edit. CESOC, 1999; p. 54).

Pero sin duda que la actitud más doble y oportunista la protagonizó El Mercurio. El 4 de junio había condenado editorialmente el golpe en desarrollo (“Actitud condenable”). Luego de consolidarse el gobierno, se planteó con benevolencia hacia la República Socialista: “Este diario, que no es oligarca ni demagogo, que no representa ni pretende otros intereses que los de la colectividad, seguirá con solicitud serena y patriótica la evolución del momento, y cooperará con un aporte de crítica constructiva, si las circunstancias se lo permiten, a toda obra de reforma política, económica o social; sin prejuicios de clase, que jamás abrigó, ni menos todavía de rígidas doctrinas. Seguirá las inspiraciones de la opinión que no milita en agrupaciones ideológicas, que no persigue ni ataca, sino que analiza y aconseja para que, ante todo y por sobre todo, haya un ambiente de orden público, seriedad y mesura en los procedimientos, buena voluntad y cooperación patriótica”. (El Mercurio; 9-6-1932).

A su vez, se realizó una inédita huelga que afectó a la empresa, la que generó mucho temor en Agustín Edwards Mac Clure el que –por rumores- creyó que el Gobierno podría estatizar el diario; rumores que fueron completamente desmentidos por el mismo Grove frente a Edwards, en presencia de Arturo Alessandri (ver Charlín; 742-3). Sin embargo, El Mercurio determinó el 10 de junio que la empresa establecería la participación de sus trabajadores ¡en la dirección de ella y en sus utilidades!; de tal manera que dos de los cinco miembros del Consejo Directivo de la empresa serían trabajadores (un empleado y un obrero) y que “las utilidades líquidas de la Empresa se distribuirán en cada balance por mitad entre los accionistas y el personal de empleados y obreros” (El Mercurio; 11-6-1932). Demás está decir que dichos propósitos fueron abandonados una vez derrocado Grove el 16 de junio.

Más aún, el decano cambió en 180 grados su visión de la República Socialista, luego que Dávila depusiera a Grove: “Las fuerzas armadas han comprendido el grave peligro del comunismo, amenazando la existencia organizada del país y haciendo sentir su presencia al amparo de la desorientación evidenciada por la Junta depuesta” (El Mercurio; 17-6-1932). Genio y figura…

Las crónicas monográficas de «Historias desconocidas de Chile» (Editorial Catalonia, Santiago, 2016), de Felipe Portales

El sociólogo, historiador y escritor chileno, Felipe Portales Cifuentes

Felipe Portales Cifuentes es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1977). Ha sido Visiting scholar de la Universidad de Columbia, asesor de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y profesor de la Universidad de Chile en el Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI), en el Instituto de Asuntos Públicos (INAP) y en el área de Humanidades de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Entre otros volúmenes ha publicado: Chile: Una democracia tutelada (Editorial Sudamericana, 2001), Los mitos de la democracia chilena. Desde la Conquista a 1925 (Editorial Catalonia, y que obtuvo el Premio Ensayo del Consejo Nacional de Libro y la Lectura en 2005), Los mitos de la democracia chilena. 1925-1938 (Editorial Catalonia, 2010) e Historias desconocidas de Chile (Editorial Catalonia, 2016), título del cual se extrajo el artículo cedido especialmente para este Diario. En la actualidad, el escritor trabaja en la preparación del segundo tomo de esta aplaudida saga.

Imagen destacada: Pintura «José Miguel de la Barra» (1920 -1930), del artista chileno Andrés Bello Balmaceda. Pinacoteca particular